'El Pacto por la Justicia no va a acabar con los retrasos'

El todavía presidente del Tribunal Constitucional muestra satisfacción por la etapa que acaba.

Pregunta. ¿Cómo describe sus nueve años en esta casa?

Respuesta. Para un constitucionalista entrar en el Tribunal Constitucional es como pasar al otro lado del espejo. En lo institucional diría que esta magistratura supone la máxima expresión de confianza que un ciudadano puede recibir en un Estado de Derecho; es algo de lo que siempre he sido consciente, y en lo que he puesto todas mis energías.

P. ¿Es hora ya de reformar la Constitución?

R. Los 23 años transcurridos representan sobre todo un 'patrimonio de Constitución', es decir, la riqueza colectiva que supone una Constitución que se ha consolidado. Desde la perspectiva de este patrimonio constitucional adquirido las modificaciones de detalle pueden abordarse con una seguridad de la que hace 10 o 15 años carecíamos.

P. ¿Hay que desarrollar la función territorial del Senado?

R. Más que la función, el órgano como tal, su estructura orgánica: el propio sentido de las actuales funciones cambiará como consecuencia del cambio en su composición. Hace 20 años que vengo diciéndolo. La estructura del Senado se aprobó en 1978 tan determinada por la coyuntura... digamos preautonómica, que su reconsideración es algo casi impuesto, desde hace tiempo.

P. ¿Qué estructura cree más acorde?

R. Me refiero, por ejemplo, al modelo de senadores autonómicos.

P. Mientras tanto, ¿qué utilidad tiene un Senado que, con mayorías absolutas, ni siquiera ejerce la segunda lectura?

R. Tiene la utilidad que clásicamente se ha atribuido a las segundas cámaras en los Estados no federales, calificadas como 'cámaras de reflexión'. Naturalmente, el mayor o menor grado de reflexión dependerá de la coyuntura política, y dentro de ella, de la presencia o no de mayorías absolutas. Lo que pasa es que la Constitución le pide al Senado que funcione como cámara de representación territorial.

P. Frente a la reciente avalancha de conflictos Estado / autonomías, ¿basta la interpretación del Tribunal sobre el Título VIII?

R. Los conflictos territoriales de competencia que no tienen por objeto una disposición con rango de ley no tienen por qué residenciarse en el Tribunal Constitucional. Esta es una cuestión que divide a los especialistas...Pero, en efecto, los pronunciamientos que el Tribunal ha venido emitiendo sobre todo tipo de disputas competenciales permitirían ya derivar esta conflictividad hacia la jurisdicción ordinaria, contencioso-administrativa, dejando abierta la posibilidad de un posterior recurso constitucional.

P. Desde las autonomías históricas se tilda al Constitucional de excesivamente centralista. ¿Cree que la renovación parcial del Tribunal debería aprovechar para incorporar expertos autonomistas?

R. No le deseo a nadie que se incorpore al Tribunal una etiqueta tan concreta como la de 'experto autonomista'; el Tribunal necesita perfiles más generales. Pero no olvidemos que nuestras resoluciones en materia territorial es difícil que no generen insatisfacción, por uno o por el otro lado. Cosa distinta es que se genere un estado de opinión absolutamente extendido, en cuyo caso los poderes públicos responsables de determinar nuestra composición comenzarían a actuar en consecuencia. Pero me parece que no es el caso.

P. ¿Ve algún problema constitucional en que el Príncipe Felipe se case con una modelo, de sangre no real?

R. El Príncipe de Asturias, en cuanto una de las personas que la Constitución llama con 'derecho a la sucesión en el trono', en concreto la primera de ellas, debe soportar la servidumbre de que su matrimonio, a diferencia del resto de los españoles, no sea una cuestión puramente privada. Está claro que la Constitución no prohibe el concreto matrimonio al que usted se refiere. Cosa distinta es que con ello quede todo dicho, o sea, más allá de esos concretos términos. Como todo lo que se refiere a la Corona, los pocos preceptos que la Constitución le dedica encuentran una prolongación difusa en preconcepciones, por fortuna bastante flexibles, que no cabe desconocer. La realidad es que no podemos saber cómo va a ser la monarquía del siglo XXI, es decir, cómo van a evolucionar estas preconcepciones, y de ahí la inseguridad frecuente a la hora de abordar estos temas.

P. ¿Cree que el sistema pactado para la elección de los 12 vocales judiciales del órgano de gobierno de los jueces se adapta a la doctrina constitucional?

R. El Tribunal declaró no inconstitucional el sistema que ha estado vigente durante los últimos 16 años. Como se sabe, lo hizo en una Sentencia que contenía un pasaje advirtiendo frente al riesgo derivado del juego automático de la correlación de fuerzas parlamentarias, dejando caer al paso un suave recado reformista, digamos. Más allá no iba. El nuevo sistema al menos no repugna a la intención de aquellas palabras, que desde luego pueden seguir teniendo sentido en el futuro.

P. ¿Qué otras aportaciones aprecia en el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia?

R. Lo que se dice sobre el Tribunal Constitucional parece estar en linea con la reforma de su Ley orgánica que venimos sugiriendo, y que espero que no se deje para el final. Lo importante para mí del Pacto no son tanto unos contenidos que difícilmente podían ser otros cuanto la prioridad que se otorga a los mismos.

P. ¿Cree que el pacto conseguirá acabar con los retrasos?

P. No. Acabar con el retraso de la administración de justicia tiene por desgracia mucho de utópico, dado el nivel de demanda de jurisdicción que caracteriza a nuestras sociedades, y que seguramente no ha tocado techo. Ya será bastante si conseguimos con este pacto invertir la tendencia.

P. ¿Ha llegado el momento de regular la eutanasia de modo acorde con los derechos de libertad de nuestra Constitución?

R. Particularmente creo que sí, que ha llegado el momento de que nuestras Cortes tomen este asunto en sus manos.

P. ¿La Constitución permite una equiparación total entre matrimonios y parejas de hecho, heterosexualesy homosexuales?

R. En la medida en que matrimonio y parejas de hecho son cosas distintas, su régimen legal no va a ser idéntico, casi diría que no puede ser idéntico. Otra cosa son determinadas equiparaciones en derechos, que no sólo están permitidas sino incluso impuestas por la Constitución. En cuanto a la evolución del reconocimiento de las uniones homosexuales se trata de una cuestión constitucionalmente abierta, en la que el protagonismo corresponde, de nuevo, al Parlamento como centro por excelencia del debate público.

P. Usted discrepó de la sentencia que consagró la prevalencia del varón en la sucesión nobiliaria, por su origen histórico.

R. Los argumentos de la mayoría para desestimar la cuestión no me convencieron, y siguen sin convencerme.

P. ¿Qué perfil de jurista diseñaría para su sucesor?

R. Aunque parezca una simpleza, el mejor presidente es siempre el que, a partir de cada composición del Tribunal, mayores apoyos y menores faltas de apoyo concite.

P. El Constitucional ha estado presidido por cinco catedráticos. ¿Es hora de que lo presida un juez?

R. No me parece el dato determinante. Pero sí, un poco antes o un poco despues, podría ir siendo hora.

P. Tras la tensa elección de usted como presidente, hace tres años, ¿hay paz en el Tribunal?

R. El Tribunal se encuentra en este momento apaciguado... (sonríe).