Parón en las negociaciones entre los sindicatos de RTVE y la SEPI

Ante la falta de propuestas, los sindicatos entienden que no se dan las 'condiciones objetivas' para abrir una negociación sobre el plan de viabilidad de la compañía. La SEPI aseguró que no tiene ofertas concretas. Un portavoz de ese organismo sostuvo que no existe ningún documento que contemple un recorte de plantilla. La reducción de 2.500 empleos es 'pura ficción', según el vicepresidente de la SEPI, Jordi Dagá.

Para el secretario general de CC OO en el ente público, Marcel Camacho, 'la SEPI llegó ayer a la reunión sin ningún papel, porque no tiene una propuesta aceptada por el Gobierno'. Y atribuyó la ausencia de compromisos a una falta de clarificación política por parte del PP sobre el modelo que tiene para RTVE. Francisco Andújar, representante de UGT, recalcó que la negociación se remontará cuando la SEPI tenga sobre la mesa un documento sobre el que debatir.

El plan de viabilidad pretende sentar las bases para sanear las cuentas del ente y evitar el continuo déficit (133.000 millones de pesetas autorizados para este año). En el terreno de la financiación, el director general de RTVE, Javier González Ferrari, se mostró ayer en Bruselas de acuerdo con los planes de la Comisión Europea para que en cada Estado miembro se instaure una autoridad independiente que vigile que la financiación de las televisiones estatales se realiza respetando la misión de servicio público. Según González Ferrari, 'esto ayudará a despejar muchas incertidumbres sobre la financiación de algunos entes públicos de radiodifusión'. El Ejecutivo comunitario presentará una propuesta concreta en otoño sobre las líneas directrices para la financiación de los canales públicos.

Respecto al conflicto judicial con las televisiones privadas sobre la financiación de TVE dijo: 'Las reglas de juego estaban muy claras cuando las televisiones privadas accedieron a tener una licencia. Sabían qué era la libre competencia. En ella nos movemos y en ella vamos a seguir mientras no haya una ley nacional o comunitaria que diga lo contrario'.