La dirección del PP ordena al edil de Galapagar condenado por prevaricación que abandone su cargo

El secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, ha ordenado al edil y ex alcalde de Galapagar Eugenio de Pablo Andrés que abandone su acta de concejal. De Pablo, que fue alcalde de Galapagar entre 1995 y 1999 y es el actual portavoz municipal del PP, ha sido condenado por la Audiencia Provincial a ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación (dictar a sabiendas resoluciones injustas) cometido en 1988 y 1989, cuando era primer teniente de alcalde. La misma pena y por idénticodelito le ha sido impuesta al entonces regidor del municipio, Fernando Rubio Guillén, también del PP.

Fuentes del PP indicaron que ha sido el propio presidente regional del partido, Pío García Escudero, quien ha dado instrucciones a Romero de Tejada para que exija la dimisión del edil condenado. De Pablo no respondió ayer a las llamadas de EL PAÍS, pero el coordinador comarcal del PP para la zona oeste, Mario Utrilla, señaló que el concejal ha aceptado dejar la portavocía municipal y que hoy se le nombrará sustituto.

Respecto a su dimisión como concejal, Utrilla explicó que el partido ha pedido a De Pablo su renuncia por una cuestión 'ética', y agregó que espera que éste lo entienda y la acate.

El pasado miércoles, la Audiencia Provincial hacía público el fallo en el que condenaba a Rubio y De Pablo por considerarles autores de sendos delitos de prevaricación continuada cometidos entre 1988 y 1989, al autorizar la construcción de dos urbanizaciones, Navasierra y Navaparque, en el barrio de La Navata. Ambas promociones vulneraban las normas urbanísticas. En el primer caso se autorizó la construcción de 13 chalés de cuatro alturas, cuando el máximo permitido eran dos. En el segundo caso, Rubio y De Pablo concedieron de forma ilegal la prórroga de una licencia para edificar 35 viviendas unifamiliares.

También ha sido condenado el ex arquitecto municipal Luis Rodríguez Gálvez a tres años de prisión, multa de 180.000 pesetas e inhabilitación especial durante dos años para el ejercicio de su profesión, por prevaricación y falsedad en documento oficial. El aparejador municipal Vicente Berrueco, que sigue en su cargo, deberá pagar 180.000 pesetas como autor de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.