Privada versus pública

Ante las recientes declaraciones de Joaquín Arauz, secretario general del sindicato USO, relativas a la enseñanza privada y la enseñanza pública, da la impresión, por sus afirmaciones, de tratarse más de un empresario del sector que de un sindicalista.

Al señor Arauz habrá que recordarle que se debe practicar con el ejemplo, puesto que él hace precisamente lo que denuncia de la Administración educativa cuando firma convenios sin consultar a los trabajadores afectados, quizá porque sabe que si lo hiciera serían ampliamente rechazados.

También habrá que recordarle que es mal camino el que ha emprendido, intentando enfrentar a la enseñanza pública con la privada, comparándolas y afirmando que la segunda es de mayor calidad que la primera o que, aún habiendo pasado por las mismas universidades el profesorado de ambas, el de la privada es mejor y atiende al alumnado más tiempo y de forma más vocacional. ¿Está, quizá, con ello, justificando la precariedad y malas condiciones laborales a las que está sometido el profesorado del sector y refrendadas en los convenios que él firma junto a la patronal?

Sin duda, habrá, además, de recordar que sus centros (los privados) abren por las tardes y realizan actividades extraescolares y complementarias con carácter obligatorio previo pago (lo cual usted sabe que no es legal), discriminando con ello a quienes no desembolsan la cantidad que se les impone, así como otros gastos por múltiples actividades no gratuitas. Sin mencionar tampoco la selección que de una u otra forma se hace del alumnado, bien por su situación socioeconómica, puesto que residir en una u otra zona supone discriminación, bien por razón de sexo en algunos casos, etcétera.

El señor Arauz, en definitiva, preso del discurso neoliberal que considera lo privado mejor que lo público, debería también explicar por qué, si sus centros son focos de convivencia, en el que él está contratado no existe alumnado de ambos sexos, se despide a los profesores que su patrón no ve con buenos ojos e incluso a quien se desvía del 'ideario' del mismo y debe acudir a los tribunales, apareciendo en la sentencia dictada, textualmente, lo siguiente: '... bajo la apariencia de unas causas objetivas de despido se esconde un ataque a su libertad ideológica y de cátedra'.

Y toda esta difusión y denuncia porque menos del 1% del alumnado que comienza la escolaridad obligagoria en nuestra provincia no ha conseguido entrar en un centro privado sostenido con fondos públicos. ¿No es demasiado ruido para tan pocas nueces? Ojalá en otros aspectos la ciudadanía estuviese conforme en un 99%. ¿No se tratará de una campaña bien orquestada por intereses de las patronales y algún partido político para enarbolar ese discurso neoliberal y transmitir un rechazo hacia lo público?