Una Acadèmia lastrada

Desde que se inició el proceso que desembocó en la creación por ley de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), distintas voces autorizadas han reclamado un consenso sobre una solución institucional y política que resolviera definitivamente el conflicto suscitado sobre el valenciano, al tiempo que han advertido que la primera regla de este consenso debía ser el respeto escrupuloso a los criterios académicos y científicos que desde hace muchos años han hecho del valenciano una lengua de cultura.

La posición abrumadoramente mayoritaria del profesorado valenciano, en tanto que deudor de la autoridad académica que le asiste, no puede ser diferente a la de la universidad, que lo ha formado y lo avala en el ejercicio de su tarea educativa. La Acadèmia de la Llengua sólo tiene sentido si es respetuosa con los criterios científicos que representa la universidad y con el uso sensato y de probada calidad de los escritores que conforman el patrimonio literario del pueblo valenciano y del resto de su ámbito lingüístico.

La ley de creación de la propia AVL determina que sus miembros han de tener un perfil literario y científico de reconocido prestigio, y no permite hacer excepciones para alojar un control político en el seno del ente normativo. El único pacto político admisible habría sido que la política se quedara fuera de la institución y se dejara la normativa lingüística en manos de personas expertas, como ocurre en todas las instituciones similares en todo el mundo. No ha sido así, dado que de los 21 miembros tan sólo seis pertenecen al Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, a los cuales hay que sumar algunas personas de probada reputación en el campo de la producción literaria, didáctica y científica, junto a una genuina representación del partido que gobierna, sin que se les conozca ningún otro mérito. Además, los seis representantes de la RACV, con una sola excepción, presentan un perfil de escasa entidad literaria o científica. Por el contrario han quedado fuera de la Acadèmia, por la propia dinámica del pacto conseguido, destacadas personalidades pertenecientes al mundo de la literatura y de la filología.

La Acadèmia nace lastrada por un peso político que puede condicionar el complimiento de sus propios objectivos. No obstante, en la medida que las actuaciones de la institución estén regidas por criterios racionales y científicos, se mantengan las Normes de Castelló de 1932 y se respete la unidad lingüística catalana, se hará un buen servicio a la lengua y a la sociedad. En este sentido se deben reafirmar los preceptos de la propia ley de creación de la AVL, la cual, al contrario de lo que alguno de sus miembros se ha apresurado a afirmar, no parte de cero en lo referente la normativa lingüística, sino que determina la vigencia de las Normes del 32, consolidadas por el uso de los escritores valencianos, por la administración y por el sistema educativo. Lo mismo cabe decir de la necesaria referencia a la unidad del sistema lingüístico o lengua hablada en los territorios de la antigua Corona de Aragón que la proclaman como propia en sus estatutos de autonomía. El mantenimiento de la unidad, necesaria para su supervivencia como lengua de cultura, debe promoverse sobre la base de la colaboración -no prohibida aunque no contemplada expresamente- con la universidad valenciana y con las instituciones del ámbito lingüístico encargadas de dictaminar y definir la normativa: la Universitat de les Illes Balears y el Institut d'Estudis Catalans. Si, al contrario, prevalece el conflicto en su seno, el profesorado valenciano siempre tendrá como referente a la universidad valenciana.

Vicent Esteve y Toni Viñas son profesores y sindicalistas del STEPV-Intersindical Valenciana.