Clase preferente

La antigua condición de empresa pública de Iberia contribuyó a crear hábitos perversos de negociación que se mantienen tras la privatización. El sindicato de pilotos, en particular, se acostumbró a utilizar a los usuarios como rehenes, a sabiendas de que al final el Gobierno, como propietario, cedería por razones políticas; los gestores de Iberia se sentían autorizados, por su parte, a lanzar a la opinión pública contra los pilotos, con independencia de lo fundamentadas o no que fueran sus reivindicaciones. La primera de las 10 jornadas de huelga programadas por el SEPLA, sindicato que agrupa al 98% de los pilotos de Iberia, transcurrió ayer con normalidad, si por tal se entiende que la compañía haya perdido (según sus propios datos) 1.400 millones de pesetas y que muchos miles de usuarios tuvieran que sufrir las incomodidades de cambiar de compañía o de fecha de vuelo. No es evidente que esa seminormalidad pueda mantenerse en las otras nueve jornadas de huelga, estratégicamente distribuidas en los meses vacacionales, en los que la alta ocupación hará más difícil sustituir un vuelo por otro.

En todo caso, la confianza de los clientes en Iberia se resentirá grandemente. Así ocurrió tras la huelga encubierta del invierno pasado, por la que la empresa reclama ahora al SEPLA cerca de 3.000 millones de pesetas en concepto de daños y perjuicios, sin duda como un elemento más a manejar en la negociación. El alto coste de la formación de los pilotos y la dificultad de sustituirlos por razones de seguridad les otorgan una enorme capacidad intimidatoria en la negociación. Eso explica los privilegios de que disfrutan, pese a que el 20% de los 5.000 pilotos titulados españoles está en paro. Nadie discute su derecho a la huelga, pero sí el abuso que supone que 1.800 personas puedan amargar las vacaciones y otras actividades de cientos de miles de usuarios de un servicio público, condicionar decisivamente a la primera industria del país (el turismo) y, por añadidura, hacer depender de sus reivindicaciones salariales que una compañía como Iberia pueda pasar de tener unos beneficios normales a entrar en pérdidas: en 18.000 millones estima la empresa el costo de las subidas reclamadas por los pilotos.

El SEPLA discute esa cifra y también que su propuesta suponga un aumento salarial del 20%. Y aduce que ha aceptado, como en su día exigió la empresa, ligar las subidas a mejoras en la productividad y beneficios de la compañía. Puede que tengan razón en esto, pero no podrán esperar que se la reconozca la opinión pública mientras sigan considerándose con derecho a imponerla mediante el chantaje a los usuarios. Hasta ahora, los pilotos podían forzar la mano a sabiendas de que no arriesgaban su empleo. Eso puede cambiar ahora, porque si la compañía quiebra -como tantas otras lo han hecho- ya no estará el Estado para garantizar sus privilegios de empleados first class.