Ahora, los cerdos

El brote de peste porcina clásica detectado en una granja de Lleida la semana pasada se ha extendido de forma vertiginosa y ya afecta a tres comunidades: Cataluña, Valencia y Aragón. En Cataluña se han sacrificado 18.000 cerdos y la Generalitat ha prohibido totalmente el movimiento de animales, excepto para su traslado a los mataderos, hasta el 30 de junio. En la Comunidad Valenciana, las autoridades han inmovilizado 11 granjas en la zona de Vinarós.

La extensión de la epizootia ha tenido un efecto fulminante sobre los mercados. Al cierre de fronteras por parte de Japón y Holanda se han sumado Francia, Portugal, Alemania y el Reino Unido para todos los derivados de cerdo. Los daños económicos serán considerables. La apertura de alguno de estos mercados, como el de Japón, había exigido largos años de negociaciones. El recuerdo de los estragos de la epizootia de 1997, que obligó a sacrificar cerca de un millón de animales, con un coste de unos 30.000 millones de pesetas, planea sobre ganaderos e industriales cárnicos. Hay tres cuestiones que inquietan especialmente: primera, las dificultades para sacrificar miles de animales sin contaminar las explotaciones próximas. Muchos ganaderos consideran inseguro el entierro con cal en zanjas próximas, mientras que las incineradoras en Cataluña están saturadas por el sacrificio de vacas de más de 30 meses, cuyo plazo termina a finales de junio; segunda, la falta de información sobre los orígenes del brote, que están desatando toda suerte de sospechas y especulaciones que las autoridades deberían atajar cuanto antes con datos contrastados; tercera, la falta de coordinación entre las administraciones para definir una política concreta que elimine suspicacias.

La petición de una Ley de Seguridad Animal y la constitución de un Consejo de Vigilancia Veterinaria que están reclamando algunas organizaciones evidencian la sensación de indefensión que sienten los más perjudicados. El Gobierno y las administraciones afectadas tienen que responder a las dudas y poner en marcha un plan realista para evitar la propagación de una enfermedad de tan fácil transmisión que amenaza los 30 millones de cabezas de porcino en España.