El fiscal jefe denuncia la falta de colaboración de los juzgados para dar datos sobre delincuencia

Enrique Beltrán expusó ayer, con la advertencia de provisionalidad, el balance sobre delincuencia durante el pasado año. La provisionalidad es fruto 'de que los datos sólo se refieren a una parte mínima de los reales ya que en los juzgados no hay voluntad para proporcionarlos'. Beltrán explicó la actitud de los juzgados como algo que comprende 'dado el trabajo que sobre ellos pesa'. Por ello, especificó que los datos incluidos en la memoria cuentan con la aportación de información procedente de la Policía Judicial y de la Guardia Civil.

La realidad diaria con la que se encuentra, según indicó Beltrán, es 'las fiscalías no están preparadas para hacer un adecuado estudio de la evolución de la delincuencia'. Según el fiscal jefe, el ministerio fiscal 'no dispone de los medios mecánicos aptos para ello y los prometidos, aunque ya han llegado, no han entrado en funcionamiento hasta el 15 de enero de 1999 por razones que resultan incomprensibles'.

Tras la crítica introducción al informe que recoge la delincuencia registrada durante el pasado año en Valencia y su provincia, los datos que en la memoria se incluyen cifran en 46.489 los delitos en 2000. De ellos, 43.200 fueron contra el patrimonio, de los que sólo 6.082 se esclarecieron. Calificados como faltas constan en la memoria 38.870, de las que se esclarecieron 7.362 y se detuvo a 648 personas.

La realidad explicada por Beltrán sobre la imposibilidad que encuentra para validar de forma absoluta los datos de la Fiscalía tiene un espejo estadístico incluido en la propia memoria. Según las cifras que bajara la Fiscalía, en la provincia de Valencia se produjeron un total de 72.461 delitos y 81.584 faltas. La diferencia respecto al total del año anterior es de 7.238 delitos menos (es decir, un descenso del 9,98%) y de 8.971 faltas menos (lo que supone un descenso del 10,99%).

En cambio, según la suma de los datos de la Jefatura Superior de Policía y de la Guardia Civil, en 2000 se registraron 62.226 delitos (3.851 menos que en 1999, un descenso del 0,56%) y 58.552 faltas (36.705 más que en 1999, un aumento del 62,68%).

La sustancial diferencia que se evidencia en la comparación refuerza las críticas del fiscal jefe de Valencia y hace que se dé por 'buena' la cifra de 46.589 delitos en 2000 -la cifra más próxima a los datos de la Policía Nacional-, frente a 47.827 en 1999, y 38.870 faltas en 2000 frente a 37.450 en 1999.

Del total de delitos conocidos en la capital y provincia de Valencia, en 2000 se esclarecieron 9.099 y se detuvo a 7.597 personas. Del total de faltas conocidas en Valencia y su provincia, 7.362 fueron esclarecidas en 2000 y se detuvo a 648 personas.

La memoria presentada ayer por Enrique Beltrán señala que el tráfico y consumo de drogas en Valencia y provincia no ha experimentado cambio significativo alguno. Y señala que sigue siendo preponderante el tema del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Independencia necesaria

Enrique Beltrán también se refirió ayer a la próxima reforma de la Administración de Justicia. 'Los dos partidos que pueden gobernar España', señaló, 'son partidarios de que el ministerio fiscal dependa del Ejecutivo'. Ésa fue la conclusión que extrajo el fiscal jefe de Valencia tras la reunión mantenida en días pasados entre representantes del ministerio público y de los partidos políticos para tratar la reforma. Sin embargo, Beltrán defendió la 'necesaria independencia de la institución fiscal para la eficaz administración de la Justicia'. 'El fiscal debe', agregó, 'mantener su independencia respecto al Ejecutivo'. Y además añadió que es fundamental que la reforma respete el artículo ocho del Estatuto, en el que se especifica que el Ministerio de Justicia podrá interesar al ministerio fiscal sobre un asunto, pero en ningún caso dar órdenes. Y recordó que el artículo 27 del citado Estatuto establece que para determinadas causas se tiene que consultar con la Junta de Fiscales. Con ello, Beltrán quiso despejar las dudas posibles sobre su posición y reforzar la institución del ministerio fiscal, especialmente en su carácter de independencia.