Nueve partidos proponen que el CIS pase a depender del Parlamento

La polémica sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no cesa. Portavoces de nueve partidos de la oposición con representación en el Congreso -todos menos el PP, Coalición Canaria y CiU- registraron ayer una proposición de ley para cambiar la de 1995 que regula el CIS. Su alternativa pretende liberar a ese organismo de sus ataduras con el Gobierno y darle más relación con el Parlamento. Los promotores de la idea culpan al Ejecutivo de Aznar de usarlo en su provecho.

La sala de prensa del Congreso de los Diputados proporcionó ayer una imagen inusual de unidad y coincidencia de objetivos y criterios entre casi toda la oposición. Entre el PSOE, IU, PNV, EA, BNG, Iniciativa per Catalunya, Partido Andalucista, Esquerra Republicana de Catalunya y Chunta Aragonesista, proponentes de la reforma legal, sumaron en las últimas elecciones 10.431.623 votos. El PP obtuvo 10.230.345 papeletas, pero ayer un representante gubernamental minusvaloró la propuesta porque sólo contaba con el aval de 148 diputados frente a los 183 escaños populares.

La proposición plantea, en primer lugar, que ese ente ahora autónomo, aunque dependiente del Ministerio de Presidencia, pase a convertirse en un organismo público. También reclama que el presidente sea elegido no por el ministro sino por una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso y que se eleve su categoría de director general a subsecretario. La oposición quiere que se entregue en la Cámara la fórmula y los criterios con los que el CIS llega a los datos de estimación de voto desde los resultados de intención directa.

La oposición requiere que el CIS elabore un programa anual de encuestas que se presenten en el Parlamento a primeros de año para que sea avalado por las Cortes y para impedir, según el portavoz del PSOE, Jesús Caldera, que sucedan escándalos como los de este año, 'donde las encuestas que no se tenían que dar se daban [CIS electoral sobre Cataluña] y las que sí se tenían que dar no se daban [sondeo electoral sobre Euskadi]'.

Esa nueva regulación pretende establecer la obligatoriedad de que los sondeos realizados sobre distintas comunidades autónomas sean entregados al Congreso y a los Parlamentos de las autonomías afectadas en 15 días de plazo una vez terminados.

Varios portavoces subrayaron la importancia de esta actuación ante la 'situación política excepcional' creada por el Gobierno con sus 'pautas antidemocráticas' al entrometerse en todos los organismos para manipularlos a su servicio. Y tirando de ese hilo fue como el portavoz de ERC, Joan Puigcercos, reclamó una unión similar para 'atajar la dinámica manipuladora de RTVE'.

El PSOE se sumó más tarde a esos argumentos. El diputado Máximo Díaz Cano reprochó al Gobierno que RTVE haya prohibido un anuncio del Gobierno balear del socialista Francesc Antich más o menos propagandístico de esa comunidad. Y puso a Lucas ante la tesitura de que explicase por qué ese anuncio no es emitible por TVE y sí lo fueron en el pasado otros similares de Galicia, gobernada por Manuel Fraga; de Baleares en la época de Jaume Matas (PP) o del propio ministro cuando presidía Castilla y León. Lucas insistió en que el Gobierno no se entromete en TVE.