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Los costes de la justicia

El Pacto por la Justicia, para los ciudadanos ha abierto paso, entre otras, a una reflexión inaplazable: la que toca al coste de la justicia, sensor de bienestar social y credibilidad democrática. Definitivamente, es la hora de asumir cuánto cuesta la justicia que ambicionamos. La que nuestra sociedad reclama en esos millones de pleitos que ventila cada año.

Para empezar, el coste económico. Una red eficiente de protección de derechos y resolución de conflictos requiere una financiación potente: el pacto compromete un presupuesto de 250.000 millones adicionales, cuantificación obligada para empezar a hablar y hacer creíble el esfuerzo. Desde una óptica progresista, es imprescindible además que el Estado de derecho se legitime a través de una justicia eficaz, ágil y accesible por igual a todos los ciudadanos, por encima de las distintas posiciones de ventaja o de capacidad. Por eso, sus costes trascienden lo meramente económico y alcanzan a la política, al modelo de sociedad y a su horizonte cultural. Si nuestra obsesión es una justicia al servicio de la igualdad, encarnada en el acceso a derechos de prestación con las menores trabas y las mayores garantías, toda justicia que resulte, por el contrario, lenta, cara y económicamente selectiva redunda en deslegitimación del Estado de derecho que la Constitución propugna y, yendo aún más allá, del propio contrato social de una democracia avanzada.

El pacto era necesario porque una justicia más rápida beneficia sobre todo a los que menos tienen

Quizá ningún otro aspecto puede poner tan de manifiesto la rentabilidad del pacto como el desafío de construir un enjuiciamiento penal a la altura del presente. El único marco razonable para acometer la adecuación del enjuiciamiento criminal a la jurisprudencia y espíritu constitucional es el que se corresponde con un amplísimo acuerdo entre fuerzas parlamentarias, operadores jurídicos y profesionales. Garantismo y eficacia deben verse anudados en un virtuoso equilibrio: no es admisible que la celeridad redunde en atropello de garantías debidas como la doble instancia, la revisibilidad de las condenas, el principio acusatorio y la protección de derechos afectados por el curso de la investigación, el proceso y, en su caso, la condena. Nada de eso es gratis.

Baste, para constatarlo, la consternación que suscita el impactante caso de Joaquín José Martínez, enzarzado en EE UU en un infierno penal que le ha tenido cinco años en el corredor de la muerte. Inquieta que uno de los extremos más pavorosos del caso estribe, precisamente, en que evitar la silla eléctrica haya tenido que costarle a su familia más de 130 millones de pesetas. Tal parece ser, sin más, el coste de 'sufragar una buena defensa' para esos abnegados padres que han recorrido España movilizando la solidaridad de los españoles. Lejos de la imagen mitificadora que arroja la ficción del cine y de la televisión, el proceso penal americano incita a una severa crítica acerca de sus desviaciones más insoportablemente desigualitarias. El porcentaje de blancos pudientes que arriesgan la inyección letal es infinitesimal comparado al de los negros o hispanos desfavorecidos. Aún peor: incluso éstos pueden esquivar la muerte si invierten suficientes millones en comprar una defensa centrada en 'modificar' testimonios, informes periciales y evidencias sobrevenidas a precio de mercado. Es nuestro deber moral evitar que se repita ningún caso tan dramático: los socialistas hemos puesto en marcha una iniciativa parlamentaria que quiere garantizar una asistencia jurídica y económica adecuada a los españoles procesados en el extranjero contra quienes se solicite esa pena de muerte proscrita en nuestro ordenamiento, pero todavía hoy vigente en muchas otras latitudes. Su finalidad no es otra que la de asegurar la tutela de la vida y dignidad de la persona ante el proceso penal incluso en el extranjero, más allá de las fronteras físicas y morales que nos retan preguntando ¿cuánto cuesta la justicia?, ¿cuánto puedes pagar por reclamar tus derechos?

Ese proceso penal en tiempo y sin dilaciones, igualitario en su acceso, en el que las garantías no riñan con la eficiencia, expresa así, probablemente, el rendimiento más palpable de una aproximación consensuada a los múltiples problemas que integran el rompecabezas de nuestra deteriorada justicia. Por eso era necesario abordarlos con un pacto. Porque una justicia más rápida y segura beneficia sobre todo a los que menos tienen. A los que más necesitan la fuerza protectora y la garantía de un Estado que sepa asumir los costes de realizar sus derechos. Promover ese horizonte es inequívocamente un compromiso socialista. Y ello comporta, finalmente, asumir una apuesta cultural no menos ambiciosa y costosa: hacer de la política un espacio confiable para la realización efectiva de libertad e igualdad. Y del Estado, y sus poderes, un agente responsable de pacificación de conflictos, por ello mismo acreedor de ese cotidiano consenso que es su legitimidad.

Juan Fernando López Aguilar es diputado por Las Palmas y miembro de la Comisión Ejecutica Federal del PSOE.

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