El Gobierno pacta la primera rebaja de la tasa radioeléctrica

Los seis operadores de telefonía inalámbrica (Firtsmark, SkyPoint, Broadnet, Neo, Banda Ancha y Banda 26) sellaron ayer un acuerdo para la reducción de la tasa por la reserva del uso del espacio radioeléctrico en una reunión con representantes de los ministerios de Economía, Hacienda y Ciencia y Tecnología.

Aunque la tasa para estos operadores era considerablemente menor en términos absolutos que la que deben afrontar las compañías de móviles (Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera), el pago suponía una verdadera asfixia para su incipiente negocio. Las operadoras de telefonía por radio (utilizan una tecnología conocida como LMDS) obtuvieron sus licencias para dar servicio en marzo del año pasado, aunque la mayoría de ellas no han empezado a sus actividades hasta este año.

Por eso, los seis operadores no dudaron en elevar una queja ante las autoridades comunitarias, paralelamente a las negociaciones que mantenían con el Ejecutivo. Finalmente ha triunfado la vía del diálogo y los operadores se verán descargados de la mayor parte del pago previsto durante los próximos 20 años que dura la concesión que, de haberse mantenido inalterable, hubiera supuesto el pago de 32.940 millones de pesetas para cada una de las compañías.

Los operadores debían estar listas para lanzar el servicio el pasado 1 de junio en 22 ciudades españolas según el pliego de bases que, sin embargo, sólo recogía el pago de una tasa mínima, que posteriormente fue revisada por el Gobierno multiplicando por 13 su cuantía.

Tras el acuerdo con los operadores de LMDS queda por resolver el principal escollo de la negociación: la reducción de la tasa para los operadores de telefonía móvil, que deben pagar más de 100.000 millones de pesetas este año.

Negociaciones paralelas Fuentes de la negociación dejaron claro que el acuerdo de ayer así como la cuantía de la rebaja no es extrapolable al resto de las compañías implicadas, con las que se mantienen negociaciones paralelas.

El Gobierno estableció en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos una tasa por 160.000 millones de pesetas a pagar por todos los usuarios de espacio de espacio radioeléctrico (desde operadoras de móviles a usuarios de servicios públicos y cadenas de radio y televisión). Con esa tasa, recurrida por todos los afectados ante distintas instancias administrativas nacionales y comunitarias, el Ejecutivo pretendía compensar la diferencia de ingresos obtenidos con las licencias de móviles de tercera generación (UMTS) en España (87.000 millones de pesetas) respecto a Alemania (8,4 billones) y Reino Unido (6,3 billones).