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REFORMA FISCAL

Rato 'castiga' a las empresas con un retraso de la rebaja de sus impuestos

Economía se queja por la falta de colaboración de algunos sectores en la moderación de precios

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció la reforma del impuesto de sociedades a principios de año, lo que constituyó una sorpresa puesto que no estaba incluida en el programa electoral del PP. Se presentó como un cambio amplio en un impuesto que grava los beneficios de las empresas, que recauda 2,8 billones de pesetas y es el tercero en importancia, después del IRPF y del IVA. La sorpresa vino también por el hecho de que la última reforma del impuesto es muy reciente. La actual ley entró en vigor en 1996 y contó con el respaldo del PSOE y el PP. Pero Montoro y su equipo pusieron en enero manos a la obra y convocaron a organizaciones empresariales y despachos de asesoría fiscal con el fin de que aportasen ideas.

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Se le dio la máxima prioridad, junto a la Ley de Fundaciones, para pasar después a la nueva la Ley General Tributaria, la financiación autonómica y local, la supresión del impuesto de actividades económicas y, finalmente, la rebaja del IRPF en 1993. Hacienda había puesto como fecha la Semana Santa para tener un primer texto y los técnicos han trabajado a marchas forzadas con este objetivo. Pero ya en sus últimas reuniones con los expertos habían empezado a dar largas.

El vicepresidente Rato lo confirmó ayer: 'No es una reforma urgente; hay que esperar y ver cómo evoluciona la inflación', dijo a este periódico. Rato no descarta que en septiembre vuelva sobre el asunto, siempre que mejoren los datos de IPC y no se ponga en riesgo el objetivo de déficit cero. Su malestar es palpable contra los sectores que no colaboran al control de la inflación, como el del turismo y hostelero, al que ya se ha amenazado en varias ocasiones con no rebajarles impuestos, y el asegurador, que ha recibido críticas por el alza de precios, sobre todo en el automóvil. Otro sector inflacionista, el petrolero, ha colaborado cuando Rato se lo ha requerido retrasando subidas o moderándolas.

El secretario de Estado de Economía, José Folgado, lanzó claras advertencias cuando el IPC se disparó al 4,1% en noviembre y lo reiteró al valorar la inflación de marzo -se aceleró hasta el 3,9%, contra pronóstico, alejándose del objetivo del 2% de la zona euro- y al presentar datos de coyuntura. También Montoro, rechazó hace unos días una bajada de tipos por la alta inflación.

Esperar a septiembre para enviar al Congreso el proyecto de ley con el nuevo impuesto de sociedades dificultaría que la norma entre en vigor en enero de 2002, como se anunció, ya que coincidiría con la tramitación de los Presupuestos y de la nueva financiación autonómica. Rato no lo descarta completamente, aunque no quiere verse atrapado por una peor coyuntura que ya se empieza a notar en la desaceleración de los ingresos del Estado.

Y es que Rato, que había pasado de puntillas por los temas fiscales desde que Montoro se encargó de Hacienda, no quiere que esta reforma sea un mero parche. Se inclinaría más por rebajar el tipo impositivo, ahora en el 35%, y por favorecer la internacionalización de las empresas (Francia y Alemania ya han puesto en marcha reformas en este sentido). Pero el vicepresidente considera que, de momento, la situación financiera de las empresas es 'saludable' y no cree que ahora necesiten más ayudas fiscales, sobre todo, si no hacen un esfuerzo en precios.

En Economía existe también irritación con el recurso de las operadoras de móviles contra la tasa por la que se esperaba recaudar 160.000 millones este año. Con este probable agujero en la caja del Estado, Rato no está en la mejor de las disposiciones para bajar impuestos a las empresas.

Tampoco ha caído bien el informe de CEOE, aún no oficial, en el que la patronal se queja de los 'constantes y bruscos' cambios normativos en la política económica. Pero después de suscribir el acuerdo de pensiones, en la patronal se espera que no se fustre la rebaja del impuesto.

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