Bruselas advierte de que la tasa radioeléctrica en España amenaza las inversiones en UMTS

El futuro de la telefonía móvil de tercera generación en la UE se encuentra en un momento muy delicado. Lo puso ayer en evidencia el comisario europeo responsable de Empresa y Sociedad de la Información, Erkki Liikanen. Las causas son la fragmentación de las legislaciones nacionales, el elevado coste pagado en algunos países por las operadoras para obtener las licencias y la incertidumbre para hacer frente a nuevas inversiones para dar el salto de la segunda a la tercera generación. La caída de los valores bursátiles de las empresas vinculadas al sector de las nuevas tecnologías agrava este panorama.

'No se puede presionar más a las operadoras', declaró Liikanen durante la presentación del informe sobre la introducción del UMTS (tecnología que permitirá el acceso a Internet a alta velocidad desde el teléfono móvil). Para la Comisión, el canon que se aplica en España para el uso del espacio radioeléctrico es un elemento negativo para el desarrollo del sector. 'El inversor se encuentra en este sentido con dos problemas graves: el alto coste y la incertidumbre', precisó. Las operadoras de telefonía móvil españolas pagarán 140.000 millones de pesetas este año en concepto de esa tasa, que será revisada anualmente, según indicó ayer la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés.

El peso de la tasa

El valor del espacio radioeléctrico se ha incrementado considerablemente en los últimos meses. El Gobierno español adjudicó en marzo pasado, a través de concurso, cuatro licencias de tercera generación por 87.000 millones de pesetas. Meses después, Alemania y el Reino Unido recaudaron 8,4 billones y 6,3 billones, respectivamente, a través de subastas. La diferencia forzó al Ejecutivo español a imponer un canon a modo de compensación. Las estimaciones realizadas por la Comisión muestran con claridad que, si en el momento de la concesión de licencias UMTS en España se pagó 13,3 euros (2.213 pesetas) por habitante, el coste para los operadores pasará a 361 euros (52.578 pesetas) por habitante tras la aplicación de la tasa. España pasa así de ser el país con el precio más bajo pagado al tercero más caro de la UE, por detrás del Reino Unido (652 euros) y Alemania (620 euros).

Pero el comisario Liikanen destacó ayer la importancia de que las operadoras dispongan de las garantías suficientes para programar a largo plazo sus inversiones y que la UE pueda mantener su papel de líder en telefonía móvil. La tasa española podría ser un freno. 'Es una cifra teórica', precisó el comisario, 'porque para evaluar el coste habrá que ver qué decisión toma cada año el Gobierno'.

Los Estados miembros tienen pleno derecho para determinar el mecanismo para conceder las licencias, aunque se debe garantizar el respeto de unos principios básicos. 'Esta fragmentación creará distorsiones en la vía en la que las redes UMTS y los servicios se apliquen en Europa', reza el informe. Bruselas recomienda que se incremente la armonización legislativa para dar garantías al sector. Y hace otra advertencia: las operadoras tendrán que realizar un coste adicional para desarrollar la red UMTS, que se sumarán a los 130.000 millones de euros (21,63 billones de pesetas) ya gastados para conseguir las licencias.