Vocales judiciales

El pacto para la reforma de la justicia ha dejado la pelota de la elección de los 12 vocales judiciales del Consejo del Poder Judicial en el tejado del Parlamento, pero atribuye a los jueces la iniciativa de ponerla en juego. Como paso previo e ineludible a la elección parlamentaria de estos 12 vocales, los 3.500 jueces en activo deberán proceder -bien a través de sus asociaciones o individualmente con los correspondientes avales- a la designación de 36 candidatos, es decir, tres por cada una de las vocalías sujetas a elección. Esta cuña judicial en el sistema de elección parlamentaria obliga a urgentes reformas legales si se quiere, como pretenden el PP y el PSOE, principales signatarios del pacto, que la nueva fórmula sea operativa para la próxima renovación del órgano de gobierno de la judicatura en julio próximo.

La tramitación de estas reformas -en concreto, la Ley Orgánica del Poder Judicial y los reglamentos del Congreso y del Senado- ya está en marcha. Las reformas en sí no plantean mayor problema. Se trata, simplemente, de trasladar a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los reglamentos de las Cámaras la fórmula de elección acordada en el pacto por la justicia. Más dificultad plantea acordar los mecanismos legales que garanticen que la preselección de los 36 candidatos se hará de forma transparente y abierta, en función de la representatividad de cada asociación judicial y sin detrimento de los jueces no asociados.

Es difícil que estos mecanismos puedan estar listos para la renovación del Consejo en julio. Quizás habría sido más lógico hacer las cosas con más calma, aunque ello significara de hecho -como ha sucedido en otras ocasiones- una prórroga del mandato del actual Consejo hasta septiembe u octubre. Pues se haría un flaco favor a la nueva modalidad de elección si se iniciara su puesta en marcha con procedimientos precipitados y chapuceros. Al colectivo judicial hay que darle tiempo para consensuar un sistema de preselección de candidatos con igualdad de oportunidades para todos sus miembros. Parece razonable que las 36 candidaturas se repartan entre jueces asociados y no asociados -la mitad de los 3.500 jueces en activo en cada caso- y en proporción al número de afiliados de cada asociación en el primer supuesto, pero sería aberrante que la designación de los candidatos presentados al Parlamento quedara en manos de las ejecutivas de las asociaciones. Sería volver al denostado sistema de 'cuotas', pero esta vez en el campo de los jueces. Para evitar ese riesgo sólo hay un camino: elección mayoritaría con candidaturas abiertas y designación de las más votadas.