CAF tardó más de diez años en instalar un sistema de depuración de humos en su acería

Korta recuerda que, a la vista de estos datos, se reunió con los responsables de la empresa CAF, ubicada en el municipio vecino de Beasain, a quienes exigió la instalación de una depuradora para evitar la emisión de humos tóxicos. 'CAF se comprometió a realizar la inversión, aunque solicitó un año de plazo para su puesta en marcha, alegando que la empresa atravesaba entonces una situación económica delicada que le impedía hacer frente a una inversión tan elevada'. Sin embargo, la depuradora no se puso en marcha hasta el año pasado.

A partir de 1991, fecha en la que el gobierno municipal de Ordizia pasa a manos del PNV, Korta insistió 'machaconamente' en todos los plenos locales sobre 'los pasos dados por CAF para instalar la depuradora, que fueron nulos'.

En opinión de Korta, la empresa colocó el sistema de depuración de humos en agosto de 2000 sólo tras conocer la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente interpuesta en abril de 1999 por el Ayuntamiento de Ordizia. Los informes medioambientales constatan que, a partir de la instalación de dicha infraestructura, los niveles de contaminación se han reducido notablemente.

Todos los requerimientos realizados a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) constan en el expediente administrativo abierto por el consistorio de Ordizia, que es 'secreto', según reconoció ayer la responsable jurídica del Ayuntamiento, porque 'el caso está sub iudice'. Sin embargo, fuentes del consistorio aseguran que todos los expedientes municipales son públicos.

Informe de Sanidad El Ayuntamiento de Ordizia, regido por Alejandra Iturrioz, del PNV, ha extremado el control sobre el expediente administrativo de CAF para evitar que sea consultado por el público. La alcaldesa eludió ayer contestar a las llamadas de este periódico y hacer cualquier comentario sobre el asunto.

El director general de la firma, Andrés Arizcorreta, insiste en que no tiene comunicación oficial de la querella de la Fiscalía y que ha conocido su contenido por la prensa, por lo que considera más 'prudente' no hacer declaraciones.

En la demanda del Ministerio Público, admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tolosa, se señala, basándose en un estudio del servicio medioambiental de la Guardia Civil (Seprona) que data de julio de 2000, que los humos emitidos por CAF contenían plomo, cobre, níquel y cinc por encima de los límites permitidos. El fiscal considera, por tanto, que durante las emanaciones existió riesgo de un peligro grave para la salud humana y los ecosistemas.

Las diligencias judiciales abiertas incluyen también un informe elaborado por el Departamento de Sanidad que concluye que 'determinados efectos adversos para la salud' de los habitantes de Ordizia 'están asociados con la contaminación por partículas sólidas' procedentes de la acería de CAF.

El estudio fue realizado entre el 19 de abril y el 30 de junio de 1996, periodo en el que se observó en este municipio 'una asociación entre el nivel medio diario de partículas sólidas y el número de ingresos diarios por causa respiratoria'. Sanidad resolvió también que 'los ingresos por causa respiratoria en menores de 15 años son significativamente mayores que en Azpeitia, Azkoitia y Beasain', las localidades analizadas.