CiU tantea a la oposición para disolver la actual Sindicatura si no elige al presidente en dos meses

La Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador de las administraciones públicas en Cataluña, vive una inacabable crisis desde que a principios de año dimitió Ferran Termes como síndico mayor. Los siete síndicos son teóricamente independientes, pero en la práctica su designación imita la correlación de fuerzas en el Parlament: tres fueron propuestos por CiU, dos por el Partit dels Socialistes (PSC), uno por el Partido Popular (PP) y el último por Esquerra Republicana (ERC).

El bloque formado por CiU y el PP, por tanto, tiene mayoría, pero es incapaz de lograr un acuerdo para dirigir una institución de gran importancia política porque es la encargada de auditar las empresas públicas y las cuentas de las administraciones. Desde febrero, CiU ha jugado infructuosamente todas sus bazas y ha presentado sin éxito a todos sus candidatos: primero avaló a Montserrat de Vehí, afín a Unió Democràtica (UDC), después a Xavier Vela, el síndico más cercano a Jordi Pujol, y desde la semana pasada a Marià Nicolàs.

Inhabilitación

Tras nueve sesiones y más de 30 votaciones, ninguno de ellos ha sido elegido, a pesar de la implicación personal en el proceso del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y del conseller en cap, Artur Mas. CiU quiere explorar ahora una fórmula drástica y busca apoyos parlamentarios para cambiar la ley con el fin de destituir a todos los miembros de la Sindicatura si en dos meses no logran elegir al síndico mayor.

Fuentes parlamentarias explican que la coalición nacionalista ya ha ultimado su propuesta y ha empezado a sondear a los grupos parlamentarios: además de reclamar la destitución de todos los miembros de la institución pretende inhabilitarlos para impedir que puedan volver a ser propuestos en el futuro. Convergència no se ha limitado a trasladar su propuesta a varios grupos, sino que también la ha hecho llegar a algunos miembros de la Sindicatura como medida de presión, teniendo en cuenta que la próxima semana está prevista una nueva votación.

Para forzar la máquina y reformar la ley antes del verano, CiU necesita el apoyo de todos los grupos parlamentarios para tramitar su propuesta por la vía de urgencia en el último pleno del mes, que se celebrará el 27 y 28 de junio. Esta vía excepcional impide la presentación de enmiendas, lo que exige un acuerdo sin exclusiones antes de llegar al pleno.

La propuesta de CiU se asemeja a la fórmula que Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) llevó al Parlament el mes pasado, pero es aún más expeditiva. El presidente del grupo de IC-V, Rafael Ribó, defendió que si ningún candidato lograba ser investido síndico mayor en tres sesiones, sería el Parlament el que lo nombraría. Entonces CiU y el PP votaron en contra y los conservadores subrayaron su oposición a una medida que consideraban excesivamente intervencionista.

El PP es precisamente la formación que tiene la llave de la crisis. En la votación en el pleno de la Sindicatura del pasado jueves, CiU logró al fin acabar con su división interna y agrupó todos sus votos en una sola candidatura, la de Marià Nicolàs. Si hubiera conseguido también el voto del síndico avalado por el PP, Manuel Barrado, habría conseguido cerrar la crisis y mantener la dirección de la Sindicatura, pero Barrado se abstuvo y sigue negándose a respaldar al candidato de CiU.

Fuentes parlamentarias explican que el PP mantiene su postura de no apoyar a ningún otro candidato que no sea Barrado y así lo ha hecho saber a Artur Mas, quien de momento se muestra incapaz de doblegar la actitud del PP. Este partido reclama desde hace meses un 'nuevo marco de relaciones' con CiU que reconozca su influencia. En este contexto, el PP desea ocupar algún cargo de primera fila institucional que ponga de manifiesto su influencia, y uno de los que baraja es la Sindicatura de Cuentas.