El regidor socialista de Fuenlabrada repone los medios de trabajo a los ediles populares
Los populares trataron de convertir la protesta en un conflicto nacional al intervenir Rato y Arenas
Desde la dirección del PP regional ya se ha aceptado la oferta del PSOE -que cuenta con el respaldo de IU y que ya fue realizada la semana pasada- de sentarse a renegociar un nuevo protocolo de actuaciones y prestaciones entre los partidos en las corporaciones locales, un acuerdo que, según el PP, había sido vulnerado por Quintana con su decisión de suspender la dotación económica a los populares.
Pero el regidor fuenlabreño acusa a los ediles del PP de haber roto 'primero ellos' el protocolo 'llevando asuntos administrativos por la vía penal y haciendo dossieres que arrojasen una sombra de duda sobre la gestión municipal'. La decisión del alcalde, que ayer afirmó que los ediles populares 'seguirán con su asignación de 3,5 millones de pesetas anuales para funcionamiento, como hasta ahora', acabará probablemente con el encierro de los concejales. El portavoz del PP en Fuenlabrada, Alfonso Caballero, aseguro anoche que si, efectivamente, 'se vuelve a la situación anterior, continuar el encierro ya no tendrá sentido'.
La iniciativa de Quintana desbloqueará una situación enquistada hasta el punto de provocar la intervención de las direcciones nacionales del PP y del PSOE, dispuestas a convertir el conflicto de esta localidad madrileña en un campo de batalla que trascendiera el ámbito municipal.
El PP fue el principal interesado en que se notara la presencia de sus líderes nacionales, con una incendiaria intervención del vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien pidió el pasado lunes una estrategia 'contundente' contra el 'desafío democrático' planteado por Quintana y reclamó la dimisión del líder de la Federación Socialista Madrileña (FSM), Rafael Simancas, por su falta de reacción ante la crisis. Rato había anunciado que hoy visitaría a los ediles encerrados en Fuenlabrada para mostrarles su solidaridad, y también el secretario general del PP, Javier Arenas, había expresado su deseo de manifestarles personalmente su apoyo el próximo lunes.
El PSOE, por su parte, se mantuvo más en la sombra, en permanente contacto con Quintana, aunque Rafael Simancas mostró su extrañeza porque Rato decidiera 'estrenarse' como diputado por Madrid con este asunto y no con otros de más calado como los problemas sanitarios o de infraestructuras. Ahora, Simancas y el presidente del PP en Madrid, Pío García Escudero, tras varias conversaciones telefónicas con el alcalde fuenlabreño, han puesto fin a la crisis que la dirección del PP estaba dispuesta a airear hasta que Quintana rectificara.
La presión del PSOE comenzó a primera hora de la mañana, cuando 14 diputados nacionales del PP por Madrid enviaron una carta al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, para que impusiera 'la cordura y el sentido común' y restituyera a los ediles del PP los derechos de los que se sentían privados. 'Nos dirigimos a ti como presidente del Grupo Parlamentario Socialista, para poner en tu conocimiento nuestra indignación ante la lamentable situación creada en el Ayuntamiento de Fuenlabrada como consecuencia de la actuación absolutamente antidemocrática de tu alcalde, miembro, además de tu grupo parlamentario', comenzaba la carta. Los populares acusaban al alcalde de 'acallar cualquier voz crítica' y narraban las condiciones difíciles en las que sus compañeros vivían su encierro, 'sin luz' y con las visitas prohibidas. Unas penurias que Quintana siempre ha negado.
La misiva, sumada a las expresiones de apoyo de Rato y Arenas, preocupó al PSOE. El responsable federal de Ciudades y Política Municipal, Álvaro Cuesta, se puso en contacto con sus compañeros madrileños, y la ejecutiva pidió a la FSM y al alcalde que hicieran lo imposible para evitar que el PP llevara adelante sus llamativos planes.
El asunto ha quedado desbloqueado, pero en la dirección socialista queda el resquemor de que el caso de Fuenlabrada se ha tomado como pretexto para empezar una batalla municipal 'con búsqueda de coartadas para presentar mociones de censura a los alcaldes socialistas', según interpreta Cuesta.
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