El Parlament obliga al Gobierno de CiU a fusionar Adigsa y el Incasol

Para garantizar la estabilidad, el PP se ve obligado a impedir que prosperen en el Parlament proposiciones que puedan erosionar al Gobierno catalán -como las comisiones de investigación-, pero a cambio se va tomando pequeñas venganzas. Ayer hubo un nuevo ejemplo de ello en el Parlament: los conservadores se aliaron con los socialistas para asegurarse que saldrían adelante sus respectivas mociones.

En contra del criterio inicial de la coalición nacionalista, se aprobó una moción que exige la integración de Adigsa en el Incasol y se obliga a todas las empresas públicas de la Generalitat a presentar un plan anual de inversiones.

Adigsa (Administració, Promoció i Gestió, SA) es una empresa participada al 100% por el Gobierno catalán que se dedica a la gestión del parque de viviendas de la Generalitat. Inicialmente estaba adscrita a Bienestar Social y la oposición siempre la consideró un instrumento al servicio del Ejecutivo de Jordi Pujol para penetrar en zonas populares tradicionalmente vinculadas a la izquierda. En la actualidad, Adigsa depende, al igual que el Incasol, del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

La moción que ayer aprobó el Parlament exige al Gobierno catalán que inicie un proceso de integración para incorporar Adigsa en el Incasol. Además impone una fecha: el proceso debe iniciarse antes de que acabe el año. La propuesta fue presentada por el PP, que a su vez había garantizado al PSC que respaldaría una exigencia de este partido: obligar a todas las empresas públicas a presentar un plan anual de inversiones, dando así cumplimiento a la Ley de Finanzas Públicas de 1984.

Retraso

Al final, CiU se sumó a las mociones para no quedar en minoría, a pesar de que hasta el último momento trató de impedir que se aprobaran. La comisión parlamentaria de la Sindicatura de Cuentas, que fue donde se debatieron las resoluciones, empezó incluso con un retraso de media hora porque diputados de CiU trataron de convencer a los del PP para que echaran atrás su pacto con el PSC, según informaron fuentes parlamentarias.

La comisión de la Sindicatura también instó al Gobierno catalán a presentar antes de un año un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas. La oposición ha denunciado reiteradamente que a menudo el Ejecutivo hace caso omiso de las propuestas del órgano fiscalizador de las cuentas públicas en Cataluña.

La Sindicatura, por su parte, vivió ayer un nuevo episodio de la crisis que atraviesa desde principios de año por la incapacidad de elegir al síndico mayor. El pleno de la entidad volvió a ser incapaz de escoger a su máximo dirigente y ya acumula nueve sesiones y más de 30 votaciones sin lograr elegir al síndico mayor. Mientras tanto, ocupa el cargo en funciones Xavier Vela, el síndico más cercano a Jordi Pujol.

La votación de ayer, no obstante, comportó una paradójica novedad: los síndicos propuestos por Convergència i Unió (CiU) votaron al mismo candidato: Marià Nicolàs. Por su parte, el síndico avalado por el PSC, Josep Maria Carreras, también logró tres votos al sumar los de los dos síndicos socialistas y el de Esquerra Republicana (ERC). El síndico propuesto en su día por el PP, Manuel Barrado, tuvo la posibilidad de decidir, pero se abstuvo en las dos votaciones que se celebraron ayer.