Justicia rápida
Suele decirse que una justicia lenta no es justicia. Estoy muy de acuerdo. Arrastrar durante años por despachos de abogados y pasillos de tribunales demandas, agravios y penas, puede amargar de tal modo la vida que ni siquiera el hecho de ver al final, muy al final, reconocidas tus razones por un juez es suficiente. Precisamente, esta es la cuestión sobre la que siempre se habla cuando de reformar la justicia se trata. Eliminar atascos y listas de espera, reducir plazos y simplificar procesos, este es el indicador más evidente de un buen sistema de justicia. El Partido Popular y Partido Socialista han suscrito en Madrid un acuerdo para reformar la justicia en España. Como no podía ser menos, entre los objetivos de esta reforma brilla con luz propia un conjunto de medidas encaminadas a acabar con la lentitud en la justicia. Pero no sólo la lentitud mata a la justicia. En ocasiones, también la rapidez puede hacerlo. La justicia rápida encubre a veces flagrantes injusticias. Y no me refiero a medios tales como el linchamiento o el tomarse la justicia por su mano, paradigmas de la inmediatez justiciera.
José Barrionuevo, Rafael Vera, Miguel Planchuelo, Julián Sancristóbal y Ricardo García Damborenea, convictos aunque nunca confesos de secuestrar a Segundo Marey en los tiempos del terrorismo de Estado, han protagonizado el más fulgurante paso por prisión que nadie ha conocido antes. Todos ellos salieron de prisión el miércoles pasado en régimen abierto apenas diez horas después de que se personaran en la cárcel para cumplir la orden de ingreso dictada por el Tribunal Supremo. No tendrán que ir a prisión ni siquiera a dormir y tan sólo deberán presentarse dos veces por semana en los juzgados. Y ello a pesar de que el fiscal del Tribunal Supremo José María Luzón se opuso ese mismo mércoles a la concesión del nuevo indulto para Barrionuevo y Vera que había solicitado su abogado, alegando que las penas de 10 años de cárcel que les fueron impuestas son proporcionadas a la gravedad de los hechos por los que fueron juzgados y condenados. En un informe que EL PAÍS describía como 'malhumorado', el fiscal Luzón rechazaba el indulto, además de por la gravedad de los delitos por los que ya habían sido condenados, por la existencia de importantes causas pendientes. ¡Y qué causas! Estamos hablando, por si alguien lo ha olvidado, de la actuación de los GAL, una organización terrorista diseñada, organizada y dirigida desde y por aparatos del Estado español. Una organización pensada para la ejecución de justicia rápida, de esa que no se somete a las pesadas condiciones y límites de un régimen garantista, a cuyo celo hay que adjudicar una veintena larga de asesinatos. El sueño de la razón de Estado produce monstruos como este.
Ni Vera ni Barrionuevo han manifestado jamás arrepentimiento alguno. En todas sus declaraciones se han empecinado en presentarse a sí mismos como víctimas de la justicia, queriendo así encubrir la realidad: que la víctima fue Segundo Marey y que ellos fueron los victimarios. Así y todo, ya están en la calle, gracias a un indulto encubierto producto, en palabras de un agradecido Rafael Vera, de un 'impulso político' que ha dado con la justicia por los suelos. Tiene narices la frasecita esta: sin duda, el Gobierno español habría preferido que, en muestra de agradecimiento, se hubiera callado la boca. ¿Cómo no relacionar, en estas condiciones, la infamante decisión política de excarcelar a esta gente con la firma del pacto de Estado para la Justicia? ¿Cómo no abrir la caja de los agravios para recordar el tan distinto tratamiento penitenciario de unos y de otros?
Luego dicen que en Estados Unidos sólo se puede esperar justicia si se tiene suficiente dinero. En España no sólo es cuestión de dinero, también de servicios prestados a esos oscuros poderes políticos que Amnistía Internacional denuncia cada año en sus informes.
