El fiscal pide 14 años de inhabilitación para un ex regidor del PP de Galapagar

El que fuera alcalde popular de Galapagar, Fernando Rubio Guillén, y varios miembros de su equipo de gobierno se enfrentan a una posible pena de 14 años de inhabilitación para cargo público por un presunto delito de prevaricación al otorgar licencias de obras para dos promociones de chalés que vulneraban las normas urbanísticas. Ayer dio comienzo el juicio oral en la Audiencia Provincial, en el que también están implicados Eugenio de Pablo Andrés, que ocupaba el puesto de teniente de alcalde cuando ocurrieron los hechos, así como los tres ex concejales Emilio Greciano Guadaño, José Luis Andrés García y Félix López Zamorano, y el que fuera arquitecto municipal Luis Rodríguez Gálvez.

Las infracciones por las que se juzga al anterior equipo de gobierno se refieren a dos actuaciones urbanísticas diferentes. Por una parte, el 26 de septiembre de 1988, la comisión de gobierno de Galapagar aprobó conceder una licencia a la empresa Navasierra, SA, para la construcción de 13 chalés adosados con tres alturas. En esta ocasión, el equipo de gobierno no tuvo en cuenta que un informe de los servicios de inspección urbanística de la Comunidad de Madrid ponía de manifiesto que la edificación vulneraba el tope máximo permitido: dos alturas. Los vecinos reiteraron sus denuncias, pero el Ayuntamiento no consideró necesario parar las obras.

Nueva infracción

La segunda actuación presuntamente delictiva que se juzga se refiere a la concesión de una licencia de obras el 20 de junio de 1988 para la construcción de 35 viviendas adosadas a la entidad Promociones Adosadas Navaparque, SA, en un solar situado en las calles de la Acequia, Puchero y Colada del Charco de la Hoya. El proyecto de ejecución de estas obras se aprobó el 17 de abril de 1989. Pero en este momento la empresa no inició la construcción y se vio obligada a solicitar una prórroga, que también caducó. La promotora pidió una segunda prórroga en 1989, que también se le concedió, con el informe favorable del arquitecto municipal. Esta última fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia en 1989, sentencia confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, ya que entendió que la concesión vulneraba la normativa urbanística permitiendo la edificación de los inmuebles en contra de la legalidad.

La Comunidad de Madrid paralizó la construcción en determinados lugares del municipio el 6 de octubre de 1988, tras las múltiples denuncias interpuestas por los vecinos. El Ayuntamiento de Galapagar, a pesar de conocer los planes de la Comunidad, decidió otorgar las licencias de construcción -por las que ahora se les juzga- en los meses anteriores, hecho por el que el fiscal considera que se burlaron las previsiones del nuevo planeamiento.