Ni selectividad ni reválida

Ni la sociedad ni los poderes públicos que la representan tienen el derecho de impedir a ningún joven que continúe estudiando lo que quiera. Por una décima, o por un punto, no se pueden destrozar las ilusiones de personas con 18 años que quieren seguir estudiando una determinada carrera porque les gusta o porque piensan que así encontrarán trabajo al finalizar los estudios. Por esta razón, fundamentalmente, nos oponemos a cualquier filtro selectivo para el acceso a la Universidad.

Lo más adecuado, lo que mejor facilita el que los jóvenes puedan intentar desarrollar sus aspiraciones es que no exista ningún sistema de selección. Las administraciones educativas son responsables de que funcionen las enseñanzas medias y los sistemas de control sobre las enseñanzas que se implanten, sobre los aprendizajes que se realizan y, ante todo, sobre las calificaciones que se dan en función de los aprendizajes.

Las aulas universitarias tienen un tope y hay que seleccionar a los que quieren estudiar una determinada carrera en función de la nota de selectividad, dicen las personas defensoras de este sistema, o, como parece que propone la señora ministra, en función de su expediente académico, incluida la nueva reválida, y del examen que cada facultad determine. Pero, ¿en función de qué se hace la oferta de plazas?, ¿en función de las necesidades que tienen las empresas y las administraciones de nuevos titulados?, ¿en función de la capacidad de las aulas y laboratorios?, ¿en función del profesorado universitario?, ¿en función de qué se ofertan tan pocas plazas de algunos muy demandados estudios? ¿En función de qué la Universidad, y la sociedad que se lo consiente, frustran las expectativas de tantos miles de estudiantes que no pueden estudiar lo que quieren?

La solución está clara: la sociedad debe proporcionar los medios necesarios al estamento universitario para que éste facilite la entrada a los estudios que desee a todos los estudiantes. Ningún joven tiene que ver cómo la sociedad le cierra las puertas cuando quiere optar a unos estudios por faltarle una ridícula centésima de punto. La Universidad tiene la obligación de acoger a todas las personas que quieren estudiar y darles una plaza para que estudien la carrera que quieren. Lo que no puede hacer la Universidad es mantener una plaza de estudiante todo el tiempo que éste quiera; debe haber un tope, un número máximo de convocatorias por asignatura, deben exigirse unos mínimos de aprobados cada curso y deben exigirse unos mínimos de aprobados antes de matricular del curso siguiente.

Sobre el nuevo filtro que se plantea imponer, la reválida, como sistema de comprobación de los conocimientos de los estudiantes una vez que éstos han acabado el Bachillerato, hay que decir que esto supondría una nueva infravaloración del profesorado de Secundaria, que vería esta prueba como la muestra de una desconfianza absoluta e injustificable de los poderes públicos en su trabajo y en las calificaciones que pone como resultado final y visible del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesorado de Secundaria califica al alumnado de Bachillerato en función de distintas variables, pero siempre teniendo en cuenta los conocimientos que éste alcanza tomando como referencia el currículo establecido por la administración educativa; la reválida demostraría también una gran desconfianza en los Servicios de Inspección de las Consejerías de Educación, encargados de controlar, e inspeccionar, el proceso de enseñanza, incluida la evaluación, las notas finales.

Por último, los jóvenes que aprueban el Bachillerato tienen el derecho a pasar a la carrera que aspiran y el deber de estudiar después, ¿Si no se les permite cursar la carrera que quieren, cómo va a exigírseles que estudien después?