El 'laboratorio' de pruebas valenciano

Pese a que en este momento prevalecen las incógnitas sobre la costura final que tendrá la nueva LOU, la hechura del traje, según han confirmado a EL PAÍS fuentes próximas al ministerio, será 'flexible' y buscará incorporar buena parte de las alegaciones lanzadas por los rectores en las últimas semanas, pero 'no cambiará' en absoluto los grandes ejes sobre los que pivota. Esto es, el ministerio pretende mantener la diáfana separación entre los órganos de gestión (los nuevos consejos sociales) y los que considera estrictamente de representación académica (nueva composición del claustro y de los consejos de gobierno).

Tampoco está dispuesto a tocar demasiado el polémico sistema de habilitación del profesorado que, en la práctica, según las mismas fuentes, busca romper con la atomización de los departamentos para que 'estén dirigidos por doctores contratados, que procedan de otras universidades'. Fuentes de la Administración se muestran absolutamente convencidos de 'que hay mucho doctor que ha estudiado fuera de España, que estará encantado con volver'. Pero ha sido, precisamente, la tan abierta, clara y decidida apuesta del ministerio por acabar el modelo vigente de organización rectoral y claustral -verdaderos motores de la planificación y gestión universitaria y de la ejecución presupuestaria- lo que ha levantado las sospechas sobre el paralelismo entre el espíritu de la LOU y el del proyecto valenciano de Ley de Consejos Sociales en trámite. Una sintonía que se ha acuñado ya como 'zaplanización' del sistema, en palabras del secretario general de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Félix García Lausín. En realidad, la Comunidad es 'el laboratorio de pruebas' que se anticipa a los cambios del Gobierno.

La Dirección de Universidades trabaja muy de cerca con el ministerio en una serie de proyectos jurídicos que facilitarán el engranaje del sistema universitario valenciano dentro del nuevo marco de la Ley Orgánica de Universidades, que, según las mismas fuentes entrará a finales de junio en el Congreso y estará lista en marzo del 2002. Mientras, la Administración Valenciana ha encargado ya al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) los siguientes proyectos:

1. Revisión del Plan Plurianual de Financiación. El modelo que tiene vigente para el periodo 1999-2001 con un presupuesto global para este año de 55.470 millones deberá adecuarse, teniendo en cuenta que su principal variable -la subvención nominativa por estudiante (el grueso de la financiación) decaerá en septiembre con la previsión de una caída de matrícula del 10,67% que puede alcanzar el 25% en el 2005. Cómo mantener el presupuesto, sin aumentarlo y con la pérdida de alumnos, es uno de los análisis que está en marcha. 2. Ley valenciana de contratación del profesorado. Según fuentes próximas al ministerio, la nueva LOU cederá a las universidades y, por tanto, a las comunidades autónomas, la capacidad de contratación del 49% de la plantilla. El Consell ha encargado al IVIE la elaboración de un estudio base que sirva de modelo para la elaboración de lo que sería la primera ley autonómica de contratación de profesorado universitario. Una tarea, en la que reconocen, no hay experiencia anterior. 3. Nuevos indicadores de calidad docente a cambio de financiación. La Dirección General ha entrado en conversaciones, de momento, con la Jaume I, y luego con el resto de universidades, para tener pactado antes del verano tres nuevos indicadores basados, sobre todo, en impulsar la movilidad del profesorado a cambio de recibir mayor financiación por objetivos. En juego está el reparto en función de los resultados obtenidos de 5.448 millones, que es el máximo asignado a la financiación por objetivos. 4. Elaboración de un modelo de presupuesto único. La Administración valenciana ha encargado a la IVIE la elaboración de 'un modelo de presupuesto' para unificar la presentación de cuentas de las cinco universidades valencianas, para facilitar la 'rendición de cuentas'. El modelo, que estará listo antes de septiembre, será consensuado con los nuevos consejos sociales, de los que dependerá la gestión del presupuesto.