Colocados a dedo y jefes de sección consiguen el 80% de las plazas de una oposición de Educación

La consejería arremetió ayer contra el anterior gobierno socialista, al que acusó de 'politizar los tribunales', obviando el color político del PP adscrito al presidente del actual tribunal opositor. El resultado de la polémica convocatoria de oposciones para acceder al cuerpo de inspectores, que ha sido recurrida por los sindicatos STEPV y UGT, pone de manifiesto que sólo 10 de los inspectores que entrarán a trabajar en el cuerpo de inspección de la Administración educativa valenciana son profesores que han trabajado hasta la fecha en sus respectivos centros. El resto, es decir el 80% de las plazas consolidadas, estarán ocupadas por 45 funcionarios que, en su mayoría, son amigos, familiares, militantes o compañeros de viaje de cargos del PP y del Consell [ver EL PAÍS 27/11/2000].

Entre los casos que más críticas suscitaron en la oposición y sindicatos, tras conocerse el funcionamiento digital de la inspección, figuran el hermano de la presidenta de las Cortes Valencianas, Marcela Miró, el cuñado del ex director territorial de Valencia, dos familares de cargos políticos, concretamente la sobrina del director general de ordenación y el yerno del presidente del Consejo Escolar Valenciano. Todos ellos han sido aprobados.

El portavoz de Educación del PSPV en las Cortes, Baltasar Vives, calificó ayer el resultado de la oposición como una 'auténtica vergüenza' y adelantó que pedirá explicaciones al responsable autonómico de Educación, el consejero Manuel Tarancón, en la comparecencia prevista para la próxima semana. De entrada, Vives aseguró que 'la lista de aprobados confirma las sospechas de que las oposiciones eran un traje a medida para colocar a sus amigos'. El portavoz socialista recordó, con amarga ironía, 'las palabras de un ilustre ex-diputado del PP que llegó a afirmar que 'la inspección educativa es un pesebre para colocar a los amigos'. Vives denunció las repercusiones que tiene el 'apaño' sobre el resto de la comunidad educativa docente. 'Con ello el PP demuestra que incumple su propio programa electoral, en que se comprometió a 'profesionalizar el servicio' y ha perdido la oportunidad de elegir profesional y objetivamente a los mejores candidatos entre los cerca de 18.000 docentes valencianos'.

Por su parte, el STEPV cuestionó 'la objetividad' del tribunal, del que subrayó que ha estado integrado por cinco personas designadas por la Administración educativa, dos de los cuales son altos cargos de la consejería, el presidente del tribunal que es el director territorial de Educación y el jefe de la Inspección Central. 'Un hecho inédito, en la historia de las oposiciones docentes', según este sindicato.