La Audiencia de Sevilla ve indicios de homicidio en el 'caso Bazar España' y reabre la vía penal

El 31 de diciembre de 1998 se derrumbó en Sevilla un muro del antiguo Bazar España (el único que quedaba en pie tras la demolición del resto del edificio siete meses antes) sobre la avenida Miraflores. El derrumbe provocó la muerte de cinco personas que esperaban en la parada del autobús.

Los siete imputados son el arquitecto Luis Recuenco y dos arquitectos técnicos, Antonio Camarero y Dionisio García, que dirigieron la demolición de toda la manzana, de la que sólo dejaron en pie el muro que se derrumbó; y cuatro técnicos de la Gerencia de Urbanismo, organismo responsable de la licencia de obra para la demolición y del control de la misma: el jefe de Licencias y Disciplina de la Gerencia, Juan García Gil; los técnicos de dicho departamento Juan Maudit Morón y Francisco López Larrañaga, que emitieron el informe favorable a la concesión de la licencia de demolición; y el que fuera técnico del departamento de Conservación de la Gerencia, José David Muñoz de la Torre.

La sección séptima de la Audiencia de Sevilla afirma en su auto que 'según parece, ese muro se derrumbó debido al viento muy fuerte que soplaba', que alcanzó rachas de más de 100 kilómetros por hora en el momento en que se produjo el sineistro.

Más de siete meses

'Sin embargo', continúa el auto, 'fuera esa u otra la causa de que se desplomara sobre aquellas pesonas, lo decisivo es que ello ocurrió, según lo investigado, porque desde hacía más de siete meses ese muro había quedado como único elemento de las edificaciones preexistentes en la manzana, sin arriostramiento ni apoyo alguno para prevenir y evitar su caida'.

En cuanto a las posibles responsabilidades por lo ocurrido, la Audiencia afirma que 'la adopción de medidas para reforzar y prevenir el derrumbamiento del muro una vez terminada la demolición de la manzana constituía uno de los deberes elementales de previsión y cuidado cuya omisión caracteriza la imprudencia penal grave, dado el riesgo potencial de caída del muro por la falta de aquellos apoyos. Apoyos y medidas de reforzamiento que, de haberse adoptado, hubieran quizás evitado la trágica muerte de cinco personas'.

La Audiencia deduce, de este razonamiento, que existen 'indicios racionales de la comisión de delito de homicidio por imprudencia grave', castigado por el vigente Código Penal con penas de entre uno y cuatro años de cárcel y ordena que se inicie la fase intermedia del procedimiento abreviado ya que 'existen datos suficientes para no prolongar la investigación oficial, (...) sin perjuicio de las diligencias complementarias de instrucción que pudieran ser procedentes' lo que, en la práctica, supone reabrir la vía penal que, con la consideración de los hechos como falta, quedaba agotada con la previsible condena a simples multas.

La decisión del Juzgado de Instrucción número 8, de febrero, de considerar los hechos como falta y no como delito estaban fundamentadas en que el juez Herrera no observó 'la desatención más absoluta, la ausencia absoluta de cautela, o la desatención más grosera que exige la imprudencia grave'.

Ni en aquellos autos que redujeron a falta lo sucedido, ni en este último de la audiencia que sí ve indicios de delito, se hace en ningún momento referencia a la empresa Inmobiliaria Osuna, que fue quien encargó en 1998 la demolición de la manzana.

Ana Albarrán, madre de una de las víctimas del derrumbe y habitual portavoz de los familiares, mostró ayer su 'máxima satisfacción' por la decisión judicial. 'Esto me permitirá recuperar la fe en la Justicia, que la tenía perdida por la instrucción que había tenido el caso. En dos años y medio, es la primera vez que me siento satisfecha', afirmó Albarrán que, en referencia a Rojas Marcos y otros dirigentes andalucistas, añadió: 'Ahora la satisfecha soy yo'.

'Nuestra lucha es sólo por esclarecer los hechos. No queremos ni dinero ni indemnizaciones, lo hemos dicho siempre, sólo la verdad. Es lo último que puedo hacer por mi hija', comentó Albarrán, emocionada tras conocer el contenido del auto.

La madre de Ana María Barroso Albarrán lamentó la instrucción llevada a cabo por el Juzgado número 8: 'Al juez Herrera le venía grande el caso. Ahora la Audiencia reconoce los errores que cometió en su trabajo'.