La Eurocámara pide que se legisle a favor de la discriminación positiva

El nuevo texto, que supone enmendar y 'modernizar' la directiva de 1976 relativa a la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo, pretende evitar las sentencias desfavorables acumuladas en el Tribunal de Luxemburgo contra medidas y leyes nacionales que favorecen el empleo. Parlamento y Comisión esperan que la nueva norma quede aprobada antes de fin de año.

La Eurocámara define las 'acciones positivas como 'medidas destinadas a garantizar, en la práctica, una total igualdad de mujeres y hombres en la actividad profesional, en particular mediante el establecimiento de ventajas específicas que tengan por objeto facilitar el ejercicio de una profesión al sexo infrarrepresentado o contrarrestar o compensar las posibles desventajas'.

Esta nueva formulación, se parece mucho al texto de ley del Estado alemán de Bremen que dio lugar al famoso caso Kalanke. Basándose en dicha ley, los jueces de Bremen otorgaron un puesto de trabajo a una mujer, a pesar de que había obtenido la misma calificación que Eckard Kalanke, un compañero varón. Éste recurrió al Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, y ganó el caso en 1995 al considerar los jueces europeos que la discriminación positiva no se podía aplicar de forma automática.

La parlamentaria finlandesa verde, Heidi Hautala, ponente de esta reforma de la directiva, cree que el cambio es trascendental y que ahuyenta definitivamente sentencias desfavorables a la discriminación positiva. 'Los hombres', dice Hautala, 'podrán, además, beneficiarse del nuevo texto legal'.

El nuevo texto del Parlamento Europeo contó ayer con 330 votos a favor, 43 en contra y 39 abstenciones. Varios parlamentarios valoraron que, gracias a las acciones positivas, la Unión Europea podrá cumplir el compromiso, adoptado el pasado año, de elevar la actual tasa de empleo femenino (51%) al 60% en 2010.

La norma penaliza también la 'discriminación indirecta'. 'Este tipo de discriminación es más difícil de demostrar', explicó la parlamentaria belga conservadora Miet Smet. 'Es muy habitual y suele consistir en valorar sistemáticamente a la baja los puestos ocupados por mujeres, por ejemplo'. En el texto se plantea la posibilidad de utilizar las estadísticas como base para denunciar un caso de discriminación indirecta.

Además, el texto recomienda crear un sistema de consejeros confidenciales en las empresas a los que la mujer víctima de acoso pueda acudir y la posibilidad de que la mujer litigue aunque ya no ocupe el puesto de trabajo.

'Todo esto era necesario', dice la holandesa liberal Lousewies van der Laan. 'En mi país está prohibido el acoso y punto. No se ha vuelto a hacer nada. Así no se impiden los casos ni se ampara a las víctimas'.