Más de 300 inmigrantes ocupan ya cinco sedes institucionales de Huelva en demanda de 'papeles'

Los inmigrantes, la mayoría de nacionalidad marroquí, argelina o mauritana, reclaman la regularización de sus papeles en aplicación del acuerdo de Barcelona (contrato de trabajo, demostrar que residían en España desde antes del 23 de enero y carecer de antecedentes penales). Pero, ayer, las noticias que les llegaron desde la Administración central no fueron buenas. El delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado (PP), les advirtió desde la romería del Rocío de no facilitará la documentación a ningún inmigrante encerrado. 'No vamos a conceder privilegios a nadie que mantenga una medida de presión', dijo.

Los encierros se desarrollan en condiciones difíciles. Los responsables de ODITE (Organiación Democrática de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros) realizaron ayer gestiones con diversas organizaciones humanitarias, sobre todo con Cruz Roja de Huelva, para que faciliten mantas y colchones a los inmigrantes. La mayoría duerme directamente sobre el suelo.

Francisco Orta, portavoz del equipo de gobierno de la Diputación (PSOE), mantuvo una larga conversación con el colectivo de 60 personas encerradas en esa institución, a fin de que aceptaran trasladarse al salón de plenos, un lugar con aire acondicionado y mejor ventilado que la sala en la que se encuentran. 'Lo han rechazado. Estas personas, después de haber recibido tantos palos en su vida, están instaladas en la desconfianza. También les hemos ofrecido alimentos, pero lo único que quieren es beber agua. Estamos muy preocupados', dijo. Francisco Orta reclamó públicamente al subdelegado del Gobierno en Huelva, Carmelo San Martín, que dé una solución al conflicto. 'Tiene que encontrar una salida para esta serie de problemas que pueden ensombrecer la vida en Huelva durante los próximos días', indicó.

En la capital onubense se ha producido una llegada masiva de inmigrantes desde el pasado día 20. El coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, señaló hacia los empresarios del sector fresero como responsables del 'efecto llamada': 'Dijeron públicamente que se corría el riesgo de que las fresas se quedaran en el campo por falta de mano de obra. Ya no existe el problema económico, porque ha terminado la recolección, pero nos hemos topado con un problema social de primer orden', indicó.

Por otra parte, medio millar de vecinos del barrio almeriense de Pescadería volvió ayer a protestar contra la instalación de un Consulado de Marruecos en la zona, principalmente habitado por personas que viven de la pesca. Los manifestantes consideran una 'provocación' la instalación de una sede de Rabat, Gobierno que ha roto las negociaciones para renovar el acuerdo pesquero. Además, consideran que estas instalaciones generarían 'inseguridad', informa Ana Torregrosa.