El Gobierno renuncia a cambiar de nombre al centro

El Gobierno ha renunciado, al menos por ahora, a que el principal centro español de espionaje cambie el nombre con el que le bautizó hace un cuarto de siglo el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.

En medios gubernamentales se defendió la conveniencia de que el Cesid pasara a denominarse, por ejemplo, Servicio de Inteligencia del Estado, para romper con la mala imagen derivada de los escándalos que lo envolvieron durante la última etapa del Gobierno socialista. Sin embargo, ha acabado pesando más la proyección exterior del centro, especialmente entre sus servicios homólogos de otros países occidentales.

La propia designación de un director civil, en otros tiempos presentada como prueba de la desmilitarización del centro, ha perdido su carácter paradigmático y ahora se admite que, aunque va a cumplirse el compromiso, dista mucho de ser lo más relevante.

Y es que la parte más importante de la reforma queda para el futuro. Será después del verano cuando el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de ley sobre servicios de inteligencia, que debe consagrar la adecuación de su funcionamiento a los preceptos constitucionales y la regulación de sus mecanismos de control. En la anterior legislatura, el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, ya intentó infructuosamente sacar adelante esta ley, cuya necesidad dejó dramáticamente de manifiesto en 1998 el descubrimiento del espionaje a la sede de HB en Vitoria.

La mayoría absoluta de que disfruta el Partido Popular y el hecho de que el Cesid ya no forme parte de la polémica política cotidiana facilitan ahora la tarea, aunque el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, se ha comprometido a consensuar con la oposición las líneas maestras del futuro proyecto.

Sin embargo, el problema de fondo, la dificultad de establecer un margo legal que conjugue el respeto a los derechos fundamentales con la eficacia de los servicios de espionaje, no se ha reducido un ápice.