El precio de la vivienda ha aumentado un 46,6% en los cuatro últimos años

El suelo es el principal coste de la vivienda ya que se estima que supone entre un 30% y un 60% del precio total. La carestía de los terrenos ha sido una de las causas del espectacular incremento del coste de la vivienda libre, que en el último año (marzo de 2000 a marzo de 2001) ha subido un 16%, y un 46,6% desde 1997, según datos oficiales del propio Ministerio de Fomento.

Para impedir precisamente que la carestía del suelo siguiera repercutiendo en un incremento del precio de la vivienda, el Gobierno incluyó en el real decreto-ley de 23 de junio de 2000 una modificación del artículo 9 de la Ley del Suelo de 1998 que limitaba la potestad y discreccionalidad de los ayuntamientos a la hora de calificar el suelo como no urbanizable, dando más margen de libertad a los propietarios que desearan promover una actuación urbanística, introduciendo la figura del silencio administrativo.

Consenso fallido

Pese a la entrada en vigor de ese decreto, el Ejecutivo prefirió tramitar además esas medidas como proyecto de ley buscando un gran consenso parlamentario para que la reforma fuera efectiva y no acabara en lo tribunales, como ocurrió con todas las anteriores. Pero ese gran pacto del suelo, incluido en el programa electoral del PP, no ha salido adelante y el proyecto de ley se encuentra varado en los cajones de la Comisión de Infraestructuras.

El portavoz del PSOE en el Congreso en materia de vivienda, Victor Morlán, acusa al Gobierno y al PP del bloqueo del proyecto. 'No les interesa que se discuta este tema porque, un año después de prometer que iban a frenar el precio de la vivienda y ver como se seguía disparando, se han dado cuenta que no tienen ni idea de lo que quieren hacer en materia de vivienda y de suelo'.

El responsable de vivienda del Grupo Popular, Luis Ortiz, reconoce que el proyecto de ley está 'parado' desde que se presentaran las enmiendas en octubre del año pasado y que, durante este año ha sido imposible reanudar la negociaciones. 'El proyecto está parado y nadie se mueve. Reconozco que nosotros tampoco, pero quizás deban ser otros grupos más interesados, puesto que no hay que olvidar que el Gobierno cuenta con el decreto-ley de junio, que se seguirá aplicando hasta que no salga adelante el proyecto de ley'.

Una de las principales polémicas que ha causado la tramitación de ese proyecto ha sido la intención de los nacionalistas de introducir una enmienda que atribuía las competencias que antes estaban en manos de los ayuntamientos a las comunidades autónomas, otorgándoles la decisión de determinar qué era suelo urbanizable 'en razón de las exigencias derivadas del principio de desarrollo sostenible'.

Para el portavoz del Grupo Vasco, Juan José Otxoa, el bloqueo se debe a que 'el Gobierno prefiere ahora pactar estos temas fuera del Parlamento'. 'En el suelo hay muchos intereses económicos que han especulado y el Gobierno es muy permeable a esos intereses'.

El Ministerio de Fomento se defiende afirmando que 'no puede llevar a cabo directamente la promoción ni la construcción de nuevas viviendas protegidas, ni está en su mano generar directamente suelo edificable', puesto que las competencias están en manos de otras Administraciones.

Tampoco es solución la vivienda de protección oficial, destinada a las familias con rentas más bajas. El número de VPO de nueva construcción financiadas con cargo al Plan de Vivienda del año 2000, que se cerró el pasado mes de abril, fue de 37.202 , lo que supone un descenso del 34,2% respecto a las 56.577 que se construyeron en 1999 y no alcanzaron ni siquiera la mitad de los objetivos previstos (79.975) por el propio Ministerio de Fomento.

A falta de un consenso nacional, proliferan las legislaciones autonómicas, creando un caos legislativo del que se quejan los promotores. En cuanto al decreto-ley de junio, aunque plenamente vigente, no ha tenido tampoco los efectos deseados. El secretario general de la patronal de promotores inmobiliarios (APCE), Manuel Martí, señala que ningún promotor se ha 'atrevido' a exigir a los ayuntamientos, por ejemplo, el cumplimiento del silencio administrativo.