Canarias mantiene la moratoria turística pese a su suspensión en los tribunales

El Gobierno de Canarias aprobó ayer un nuevo decreto que prohíbe las construcciones turísticas tan sólo unas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendiera cautelarmente la moratoria turística que el Ejecutivo regional aprobó en enero. La moratoria suponía la prohibición en la concesión de licencias para construir más alojamientos turísticos en el archipiélago durante al menos un año, salvo para determinados complejos hoteleros de lujo y para turismo rural.

El nuevo decreto vuelve a suspender la concesión de licencias, en este caso de todas las categorías, con el fin de evitar 'la avalancha' de solicitudes que se puede producir ahora por parte de los promotores. A diferencia del anterior, este nuevo decreto se basa en la ley de turismo de Canarias. El Gobierno también presentará un recurso de súplica contra la decisión del TSJC.

El temor se fundamenta en una serie de datos, que señalan que puede haber en la actualidad hasta 110.000 nuevas camas turísticas pendientes sólo de licencia en el archipiélago. En Canarias hay en la actualidad en funcionamiento cerca ya de 400.000 plazas para turistas y sólo desde el mes de enero, momento en el que se decretó la moratoria, los inversores han presentado solicitudes para la construcción de 30.000 más en tres islas -Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura-, casi todas de hoteles de cuatro y cinco estrellas.

El nuevo decreto de moratoria turística es más restrictivo, pero tampoco desde el Gobierno se garantizó su seguridad jurídica, por lo que bien pudiera correr la misma suerte que el anterior.

El auto del TSJC apunta que existen 'dudas racionales sobre la viabilidad y la legalidad' de esta medida y que se anula para evitar 'la avalancha de solicitudes de indemnizaciones' a los inversores que se produciría al paralizarse sus promociones turísticas. De hecho, hay otros 22 recursos contra el decreto pendientes de resolución.

La decisión judicial se fundamenta en el hecho de que se tome una medida como es la suspensión del planeamiento a través de un decreto, cuando la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias no recoge esa capacidad.

Los empresarios recibieron la noticia con cautela, advirtiendo de que si el Gobierno regula de esta forma el crecimiento turístico, se puede producir otra avalancha, en este caso de solicitudes de indemnizaciones por los daños causados a los promotores privados.