España fracasa en el intento de aumentar la cuota de producción de azúcar

La Administración española no ha logrado en Bruselas incrementar la cuota para la producción de azúcar en la nueva Organización Común de Mercado (OCM) para el sector aprobada por los ministros de Agricultura con una duración de cinco años.

Esta situación supondrá seguir produciendo por encima de la cuota asignada -un millón de toneladas-, con fuertes reducciones de precios para la remolacha excedentaria y la obligación de exportar ese azúcar a los precios bajos de los mercados internacionales, que se sitúan en 50 pesetas por kilo frente a las 115 pesetas que se pagan en la UE.

España dispone en la actualidad de una cuota para la producción de azúcar de un millón de toneladas frente a una demanda interior de casi 1,3 millones de toneladas. Las producciones en los últimos años se han situado en el entorno de 1,1 millones de toneladas, lo que supone la obligación de exportar azúcar por encima de cuota, mientras anualmente se importan casi 400.000 toneladas de azúcar.

Reclamación

Administración, industriales y agricultores estaban de acuerdo en reclamar un aumento de cuota en un mínimo de 63.000 toneladas de azúcar consecuencia de la inclusión en su día de Canarias en la Política Agrícola Común.

Lejos de aumentar la cuota, España ha sufrido un ligero recorte en el marco de la decisión comunitaria de ajustar las cuotas en todos los países miembros. En el seno de la UE la reducción global de cuota ha sido de 115.000 toneladas. El millón de toneladas de cuota asignada a España supone el 7% de toda la cuota comunitaria. Con la nueva OCM se producirá un recorte de la cuota española del 2,75% que supone 3.162 toneladas. La UE tiene una cuota de producción azucarera de 14,6 millones de toneladas. España esperaba un aumento de cuota para ajustar la asignada a cada empresa tras la fusión de Ebro con Sociedad General Azucarera. La reforma de la regulación del sector azucarero ha sido polémica. Los países del Norte eran partidarios del recorte y de una duración de dos años para la nueva OCM, mientras los del Sur apostaban por incrementar cuotas y por una regulación de cinco años.