La Seguridad Social exige a AEK el pago de 1.300 millones
La Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha exigido a la coordinadora AEK (dedicada a la enseñanza y alfabetización en euskera de adultos y colocada bajo administración judicial por el juez Baltasar Garzón) el pago de 1.300 millones de pesetas, o un aval por la misma cantidad. Esa cantidad debe satisfacer la presuntamente defraudada a la Seguridad Social por cotizaciones no abonadas. Responsables de AEK rechazaron ayer en rueda de prensa este hecho que, a su juicio, persigue 'asfixiar económicamente' a la coodinadora, y reiteraron que sus trabajadores desarrollan 'voluntariado social'.
AEK tiene abierta desde 1998 una causa en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, y el juez Baltasar Garzón puso la asociación bajo administración judicial el 22 de noviembre de 2000. En el mismo auto se ordenó el embargo de bienes para hacer frente a la deuda por presunto fraude a la Seguridad Social que se atribuye a la coordinadora. Ésta ha intentado defenderse con varios recursos que apelan a la inexistencia de la obligación de cotizar por sus trabajadores, que habrían prestado sus servicios bajo la fórmula de 'voluntariado social'.
Con la orden de pago o aval sobre los 1.300 millones reclamadas, AEK considera que se le está exigiendo que aporte garantías para la misma deuda dos veces, dado que el embargo de bienes tenía el mismo objeto. La coordinadora aseguró ayer que el propio administrador judicial nombrado por Garzón ha remitido un escrito a los responsables de la Seguridad Social, por considerar 'desproporcionada' la medida.
Relación con ETA
El portavoz de AEK, Erramun Osa, afirmó que la Audiencia Nacional está 'instrumentalizando' a la Seguridad Social para construir una 'tenaza' con el fin de 'asfixiar económicamente' al grupo, una vez que 'ha fracasado' el intento de 'criminalización' consistente en probar su relación con ETA. 'Ante ese fracaso', dijo Osa, 'se quiere abordar otra estrategia: tratar de ahogar económicamente a AEK, hacer imposible su normal funcionamiento'. Osa enmarcó la nueva medida en 'la estrategia puesta en marcha por el PP en contra del euskera'.
Este mismo portvoz llamó a 'la sociedad vasca' a seguir 'atenta ante lo que pueda ocurrir en próximas fechas' y afirmó que la mejor respuesta es 'abarrotar los euskaltegis [centros donde se enseña el euskera]'.
