'El control de la venta de armas no puede estar en manos de los fabricantes'

Diez mil valencianos colaboran con Médicos Sin Fronteras (MSF). Treinta años de lucha por la vida han acreditado a esta ONG como una de las más respetadas. Pionera en el uso de Internet, su página web (www.msf.es) ha merecido prestigiosos premios. La red ha sido una gran aliada en su reciente campaña contra las multinacionales farmacéuticas para evitar la demanda contra el Gobierno surafricano por su plan para hacer los medicamentos esenciales más asequibles a su población. El próximo domingo MSF, Amnistía Internacional e Intermón Oxfam celebran una fiesta, en los jardines de Viveros de Valencia, para difundir una nueva campaña con título de novela de Hemingway: Adiós a las armas. Héctor Aranda, delegado de MSF para la Comunidad Valenciana y Murcia, tiene 35 años, dos hijos y se vinculó a la organización cuando hizo la prestación social sustitutoria. Médico de atención primaria y diplomado en medicina tropical, ha trabajado en Bolivia y en Georgia.

P. ¿Cuáles son los objetivos de la campaña Adiós a las Armas?

R. Un primer objetivo es que el Gobierno informe con transparencia al Parlamento sobre la producción y comercialización de armas ligeras. También que se respete el código de conducta europeo sobre la venta de estas armas y material de doble uso. Y finalmente, que los países desarrollados impulsen programas de recompra y destrucción. Es decir, cambiar armas por desarrollo.

P. ¿De qué sirve la transparencia en el comercio de armas?

R. En un Estado de derecho, el Parlamento ejerce un control sobre la acción del Gobierno. Sabemos que muchas de las armas ligeras que España produce y comercializa terminan en manos de grupos armados y de Estados que no respetan los derechos humanos. Difícilmente se puede evitar esto si el Parlamento y los ciudadanos carecen de información veraz.

P. Aquí les falta el apoyo del PP para que las Cortes Valencianas se pronuncien a favor de la transparencia en el comercio de armas.

R. No vemos una posición coherente por parte del PP. Muchos ayuntamientos y parlamentos autonómicos han aprobado mociones favorables a la campaña, en muchos casos con los votos del PP. Y en un pleno del Ayuntamiento de Valencia, el PP votó en contra alegando que la campaña tiene 'connotaciones políticas'. ¡Qué perspicacia!

P. ¿Qué limitaciones mínimas debería respetar España en el comercio de armas?

R. Debería prohibirse expresamente la transferencia de material y tecnología militares cuando no existan garantías firmes de que no contribuirán a la violación de los derechos humanos. Actualmente, el 35% de las exportaciones españolas de armas van a parar a países donde se violan los derechos humanos. No existe un exhaustivo control parlamentario mediante informes trimestrales a través de un registro, ya que en muchos casos se emboscan las cifras cambiando el código arancelario. Por último, debería prohibirse que los responsables del control del comercio de armas formen parte de los consejos de administración de las principales empresas de armamento como CASA y Bazán.

P. ¿De qué sirven las medidas de control del comercio de armas si no se aplican con carácter internacional?

R. También estamos presionando de manera conjunta en el ámbito internacional porque entendemos que el problema es global: códigos de conducta y protocolos de la ONU.

P. ¿Somalia es un reto imposible para ustedes?

R. Los equipos han sido evacuados a Nairobi hasta que se tome una decisión, pero no nos hemos retirado de manera definitiva de Somalia. Es muy difícil decidir, ya que por un lado está la seguridad de nuestros expatriados y de los trabajadores somalíes, y por otro la situación de abandono en que subsiste la población. Desde MSF denunciamos que en Somalia hay un conflicto olvidado por la comunidad internacional y quienes están pagando las consecuencias son los civiles somalíes

P. ¿En qué va a consistir el trabajo de MSF con los drogodependientes?

R. Los proyectos llamados de cuarto mundo se orientan a población excluida. No buscan hacer el trabajo que corresponde a los servicios públicos, sino facilitar la integración de personas que están fuera del acceso a la sanidad y servicios sociales. En la Comunidad Valenciana no tenemos proyecto de cuarto mundo, pero nuestros voluntarios han llevado a cabo acciones puntuales en Murcia.

P. ¿Qué opinión le merece la política Gobierno respecto a las ONG?

R. El Gobierno del PP y cualquier otro deben respetar la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. Es inaceptable una política de estado orientada al control -cuando no utilización partidista- de las ONG con el chantaje de los fondos gubernamentales como telón de fondo.