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La patronal navarra del transporte comenzará hoy a sancionar a sus conductores en huelga

Los sindicatos asumen que los huelguistas serán dados de baja en la Seguridad Social

La patronal navarra del sector de transporte de viajeros por carretera comenzará hoy a dar de baja en la Seguridad Social a sus más de 500 conductores que desde el pasado lunes mantienen una huelga indefinida en demanda de mejoras salariales y reducción de jornada.

Los huelguistas, que no han cumplido los servicios mínimos decretados por el Gobierno navarro al considerarlos 'abusivos', aseguraron ayer que el 'intento de presión' de la patronal no modificará su postura. 'La baja en la cotización es una medida contemplada legalmente como una simple interrupción y la asumimos', señalaron fuentes de las centrales consultadas.

Muchos miles de ciudadanos navarros, especialmente estudiantes y trabajadores, siguen teniendo graves problemas para desplazarse diariamente a sus ocupaciones. El sector sigue paralizado en toda Navarra y los pocos autobuses que llegan a la comunidad foral procedentes de otras comunidades autónomas requieren protección policial y se ven obligados a descargar a sus pasajeros en barrios elegidos aleatoriamente para sortear la presencia de piquetes, cuya existencia niegan los huelguistas.

Pedro Bernal, secretario de la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte (ANET), señaló que no se descarta un próximo cierre patronal ante el aumento de la acción 'coactiva' de piquetes que obligaron ayer a suspender el servicio del transporte urbano en Tudela, segunda ciudad de Navarra, tras registrarse a lo largo de la semana diversas agresiones contra conductores de la empresa concesionaria del servicio.

Los conductores, reunidos en asamblea en la estación de autobuses de Pamplona, rechazaron unánimemente la última oferta patronal, consistente en la creación de un plus mensual para los conductores de un 2% sobre su salario actual.

El consejero de Transportes navarro, José Ignacio Palacios, ha señalado que se trata de un 'conflicto privado' y que su Gobierno no puede hacer más que ofrecerse a mediar porque son los tribunales los competentes para declarar ilegal el paro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de mayo de 2001