Prisiones

El pasado 12 de mayo, la Asociación Pro Derechos Humanos reunió en su sede de Córdoba a personas de toda Andalucía, familiares de presos y ex presos que querían compartir sus vivencias e intercambiarse ayudas. Así es: los ciudadanos que, por una u otra razón, han ingresado en prisión, necesitan ser auxiliados por otros, y esos otros suelen ser sus familiares y voluntarios que defienden el respeto por los derechos humanos.

¿Auxiliados por qué? Auxiliados por la arbitrariedad con que funciona el sistema penitenciario, auxiliados por la falta de atención jurídica, médica, psicológica, asistencial, laboral y humana que padecen, auxiliados por el abuso de poder y por la situación de inferioridad en la que han de permanecer en tanto sigan presos.

Alguien puede opinar que estas manifestaciones no se corresponden con la realidad. La respuesta por mi parte es contundente: no conoce a nadie que esté o haya estado en prisión. Los detenidos 'no entran por una puerta y salen por otra', y los presos no 'están mejor que quieren en la cárcel'.

Los testimonios son escalofriantes: personas que sufren lesiones, que mueren por causas que nadie explica, que son objeto de registros y cacheos humillantes, que cumplen sanciones desmesuradas, que viven en prisión dentro de la propia cárcel mediante el régimen de aislamiento, enfermos terminales que siguen presos, drogadictos que no reciben tratamiento, juzgados de vigilancia penitenciaria que no atienden adecuadamente la realidad carcelaria y que se comportan herméticamente con los familiares, situaciones que no llegan a conocer los medios de comunicación.

Hechos que no se producen en un sistema autoritario sino en un Estado social y democrático de derecho, y que no están siendo tratados por el órgano defensor de la legalidad vigente: el Ministerio Fiscal, ni después de éste, por jueces y magistrados que, cuando se trata de personas presas, resuelven, si es que llegan a hacerlo, presumiendo la inverosimilitud de los hechos narrados por éstas.

Que nadie desconozca, ni se equivoque, ni olvide que el único derecho fundamental del que están privados los presos en España es del derecho a la libertad, y que siguen siendo titulares del derecho a la vida, a la dignidad, al honor, a la integridad, a la igualdad, a la intimidad, a la libertad de expresión, a la educación, a la tutela judicial efectiva,...

Hace falta una reacción social ya, similar a la que se está produciendo a favor de las víctimas de la violencia doméstica, de los derechos de los niños, de los derechos de los inmigrantes, puesto que si bien es verdad que estos no han delinquido, también es verdad que la razón de ser de las penas privativas de libertad es conducir hacia la rehabilitación y reinserción dentro de la sociedad, objetivo que no se puede alcanzar si se destruye física y psíquicamente al sujeto.

¿Qué diferencia existe entre la pena de muerte y esta realidad de las cárceles españolas? Sólo una diferencia cuantitativa en el tiempo en que el sujeto efectivamente pierde la vida. El condenado a muerte espera, en algunos casos mucho tiempo, hasta que finalmente pierde la vida; nuestros ciudadanos presos sufren, poco a poco, un deterioro físico y psíquico que, a veces en menos tiempo, conduce a la aniquilación de la persona. Difícilmente alguien destruido puede volver a formar parte de la sociedad, ya no podrá reinsertarse. ¿Cuál es entonces en la práctica la finalidad de las condenas? Si es la exclusión definitiva de estas personas de la vida social, mi enhorabuena a la administración penitenciaria, el sistema funciona perfectamente. Ahora bien, si la finalidad es la que dicen nuestras leyes, las mismas en virtud de las cuales se ingresa en prisión, el fracaso es evidente y debe dar lugar a la dimisión inminente de los responsables, sin perjuicio de que deban responder frente al Estado social y democrático de derecho que están adulterando.