'Guerra' jurídica en Brasil contra el racionamiento del consumo energético
Las medidas promulgadas por el Gobierno brasileño para intentar ahorrar un 20% de energía eléctrica, amenazando a los consumidores con cortar la luz si no las cumplen, acaba de desencadenar una verdadera guerra jurídica. Por eso, el llamado ministerio del apagón, dirigido por el ministro Pedro Malán, está confundido: ayer anunció que, si la justicia declara anticonstitucionales las medidas, "habrá que buscar alternativas".
Sin embargo, los más duros dentro del Gobierno y de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) quieren presentar las medidas adoptadas como un caso de emergencia. "Da la impresión de que los jueces viven en Marte", dijo ayer David Zilbersztajn, presidente de la ANP. Y añadió: "Van a mirar con lupa las leyes como si no estuviera aconteciendo nada. Pero estamos afrontando una emergencia, una situación de guerra". Por su parte, Dalmo de Abreu Dallari, jurista y catedrático de la Universidad de São Paulo, afirma que los mecanismos legales previstos en la Constitución sólo pueden autorizarse en casos de calamidades naturales. Por eso, se pregunta: "¿Lo es la falta de energía debida no a que ha llovido poco sino a la falta de un plan de inversiones inteligente?"
La oposición aprovecha para lanzarse contra el Gobierno. Según el abogado Saulo Ramos, que fue ministro de Justicia durante la presidencia de Sarney, la situación creada por este plan de racionamiento se parece mucho a lo ocurrido cuando el presidente Collor, que acabó siendo expulsado por clamor popular, había bloqueado todas las cuentas corrientes de los ciudadanos.
Pero el peor enemigo del racionamiento de energía son, precisamente, las distribuidoras de energía, que ayer confesaron que les "va a ser imposible" conseguir cortar la luz a los cientos de miles de ciudadanos que no van a poder o querer reducir en un 20% de la energía que están consumiendo. Actualmente, no consiguen cortar la luz al 2% de la población que no paga el recibo de la luz. Por lo pronto, afirman las distribuidoras, en el mejor de los casos, necesitarían un mes de tiempo para poder cortar la luz a quienes no ahorren ese 20% previsto por el Gobierno. De ahí que en el ministerio del apagón se esté pensando en cortes "sorteados", como en la lotería, a una selección de familias elegidas al azar.
El Gobierno, sin embargo, no es partidario de esta medida, que también podría ser impugnada por anticonstitucional. Por eso, no sabe qué hacer y ha ya advertido de que, si por un motivo u otro no se pudieran llevar a cabo las medidas que propone para evitar otra más drástica (apagones de seis horas diarias durante los próximos seis meses, hasta que llueva el verano próximo, es decir, de octubre en adelante), la sentencia sería salomónica: apagón para todos, sin exclusiones.
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