El PSOE exige una nueva regularización para apoyar el reglamento de Extranjería

El Gobierno ha proclamado en numerosas ocasiones su rechazo inapelable a abrir un proceso de regularización extraordinario. Pero los hechos le han forzado a abordarlo bajo cuerda. Ayer mismo, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, aprovechó la firma de un acuerdo migratorio con Colombia para anunciar que el Ejecutivo regularizará la situación de todos los nacionales de ese país que se encuentren en España sin papeles y puedan acreditar las circunstancias de arraigo, humanitarias o familiares previstas en la Ley de Extranjería. Antes que los colombianos fueron los ecuatorianos, y después, los encerrados en Cataluña, Murcia y Valencia.

La regularización solicitada por los socialistas es una condición imprescindible, pero no exclusiva para apoyar el reglamento. Figura en el primer lugar de una lista de 64 enmiendas que el Gobierno, a través de la comisión interministerial de Extranjería, estudió el jueves. Durante la sesión también fueron examinadas las sugerencias del resto de la oposición, de los sindicatos y de las ONG.

Aunque era de temer que la longitud del reglamento (cerca de cien folios a un espacio) provocara una dispersión de las enmiendas, los interlocutores han señalado básicamente los mismos puntos como manifiestamente mejorables. Y han señalado que la reordenación total de los artículos referentes a la concesión de visados es uno de los aspectos fundamentales de la negociación.

Para el PSOE, CiU e IU es preciso eliminar la arbitrariedad que este capítulo deja en manos de la Administración. Entre los puntos que pretenden corregir figuran el seguro médico para los inmigrantes o la utilización del buzón consular. Susana López, responsable del área de inmigración en Izquierda Unida, subraya además que es preciso ampliar la exención de visado a las personas que puedan acogerse al concepto de arraigo o a razones humaritarias. Y defiende eximir de determinados trámites a los refugiados políticos.

Menores y autonomías

Además de los aspectos señalados, la mayor parte de las enmiendas proponen modificaciones en la gestión de los permisos de trabajo y de residencia, en el establecimiento de los contingentes, en la potenciación del papel de las comunidades autónomas, en la documentación de los menores, en la reagrupación familiar y en el régimen sancionador. El diputado de CiU Carles Campuzano resume así los objetivos de sus sugerencias: 'Celeridad, flexibilidad, preservación de las garantías, seguridad jurídica y participación autonómica'.