Detenido un hombre que contrataba rumanos de forma ilegal
La empresa se creó sólo para conseguir adjudicaciones de obra, según la policía
La obra de albañilería que se llevaba a cabo en locales del campus de la Universidad Autónoma de Madrid escondía tras de sí la explotación de seis ciudadanos rumanos que habían sido contratados de forma ilegal, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía. El responsable de la obra, Ángel R. F., de 58 años, ha sido detenido.
A principios de esta semana, los agentes del grupo VIII de la Brigada de Extranjería y Documentación tuvieron conocimiento de los trabajos que se realizaban en la universidad y que supuestamente carecían de la documentación reglamentaria.
Tras realizar una inspección en compañía de un funcionario del Ministerio de Trabajo, los agentes no sólo pudieron comprobar que la obra carecía de permisos, sino que también descubrieron a un grupo de seis ciudadanos rumanos que no tenían permiso de residencia ni de trabajo.
Los rumanos fueron detenidos y, tras oír su declaración, fueron puestos en libertad. Las investigaciones, entonces, se centraron en hallar a la persona que los había llevado hasta aquel lugar. El mismo día de la inspección nadie se hizo responsable de la obra y sólo fue posible por parte del inspector de Trabajo levantar acta de las irregularidades que detectó.
Tras las investigaciones de los agentes se produjo la captura de Ángel R. F., el único propietario de la empresa constructora que tenía adjudicada la contrata de la obra. La empresa del detenido, según la policía, resultó ser fantasma, pues sólo se utilizaba para 'conseguir adjudicaciones de trabajos, dar apariencia y ofrecer solvencia'.
En sus declaraciones a la policía, Ángel R. F., que ha pasado ya a disposición judicial, explicó que se limitó a subcontratar la obra a un grupo de trabajadores una vez que recibió la adjudicación. Esa operación, según la versión policial, se habría realizado 'de manera totalmente irregular, sin documentación por escrito y sin cumplir las mínimas garantías exigidas para los trabajadores en la normativa laboral (altas en la Seguridad Social, etcétera)'.
Los seis rumanos que se encontraban trabajando en la Universidad Autónoma aseguraron que el detenido no les había abonado los salarios acordados. Sólo 30.000 pesetas al mes, aunque el compromiso era de 6.000 diarias.
