El Tribunal Superior investiga al juez que otorga el tercer grado a los presos de Picassent

La causa abierta contra el juez de Vigilancia Penitenciara de Valencia ha prosperado tras un larga, exhaustiva y secreta investigación de sus actuaciones. La investigación sobre Ernesto Alberola iniciada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sobre la que está decretado el secreto de sumario, pretende determinar si ha existido un delito continuado de prevaricación por parte del juez.

Hasta que el Tribunal Superior de Justicia valenciano no comunique su resolución y el contenido de su investigación al Consejo General del Poder Judicial, este órgano no tendrá conocimiento de cómo van las diligencias ni podrá tomar una decisión, tal como afirmaron ayer dos miembros del máximo órgano de los jueces. Sin embargo, algunos vocales tienen ya conocimiento de forma oficiosa de que existen serias dudas sobre la actuación del juez de Vigilancia Penitenciaria de Valencia.

Los terceros grados, que permiten al preso ir a la cárcel sólo a dormir, son propuestos semestralmente por la junta de tratamiento de las prisión a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que lo otorga o lo deniega, sin que exista un mínimo de cumplimiento de pena para poder acceder a la semilibertad. Si la resolución es denegatoria, el recluso puede recurrir al juez de vigilancia. La decisión de éste, a su vez, puede ser cuestionada por el fiscal de vigilancia, por lo que la decisión final recae en las audiencias provinciales.

Durante el año 2000, el 85% de las peticiones de régimen abierto fueron dadas por buenas por el juez de Vigilancia Penitenciaria. De ellas, el 90% fueron revocadas tras prosperar el recurso presentado por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria, que las consideró irregulares. Las peticiones revocadas presentaban, según han asegurado fuentes del caso, 'irregularidades manifiestas'.

Elevadas minutas

Fuentes penitenciarias aseguran que el perfil de los presos que han contratado los servicios de los seis abogados es el de delincuentes profesionales relacionados con el tráfico de drogas, con la suficiente capacidad económica como para afrontar una minuta que oscila entre las 600.000 pesetas y los dos millones para tratar de lograr un tercer grado.

Las mismas fuentes informan de que la 'supuesta ligereza' del juez de Vigilancia Penitenciaria no se reduce al último año. Ernesto Alberola lleva casi una década al frente de ese juzgado, cuya responsabilidad es el centro penitenciario de Picassent.

Los primeros problemas se detectaron hace casi cuatro años. El detonante que ha hecho que el caso llegue a manos del Tribunal Superior de Justicia ha sido el balance del año pasado. Desde enero, mes en que se inició la investigación, el juez ha otorgado más de 60 regímenes abiertos, de los que 40 han sido recurridos ya por el fiscal.

Esta situación ha afectado al funcionamiento de la Junta de Tratamiento de Picassent, ya que el juez, según fuentes penitenciarias,.ha hecho caso omiso de los informes elaborados por los miembros de ese órgano. Los recursos contra denegaciones de régimen abierto que han llevado los seis abogados mencionados -que mayoritariamente trabajan con presos de Picassent- han recibido informes negativos de la citada junta, cuyo contenido ha sido ignorado por el juez al dictar su resolución.

Fuentes próximas a la Junta han subrayado la 'sensación de burla continúa' que sienten los profesionales ante esa práctica judicial. La concesión de los regímenes abiertos ha sido también denunciada de forma anónima por voluntarios que trabajan en la prisión valenciana, así como por funcionarios.