Acoso al maltrato

La violencia doméstica acaba de cobrarse una nueva víctima: una mujer muerta a cuchilladas en Barcelona por su marido, del que estaba en trámites de separación. En lo que va de año son al menos 20 las víctimas mortales, una cifra que no permite a los poderes públicos el más mínimo relajo en su esfuerzo por erradicar esta lacra social en expansión. La violencia doméstica tiene componentes de tipo cultural -el machismo, de fuerte raigambre social- que sólo la educación y la beligerancia ciudadana pueden eliminar a medio o largo plazo. Es importante por ello que el nuevo plan aprobado el pasado viernes por el Gobierno contenga un capítulo educativo sobre el valor de la tolerancia y la igualdad destinado a los centros escolares.

Pero, a corto plazo, sólo medidas preventivas y asistenciales a favor de las víctimas y punitivas en contra de los agresores pueden hacer retroceder la amenaza del maltrato doméstico. El nuevo plan del Gobierno, previsto para cuatro años, insiste por ello en reforzar y ampliar este tipo de medidas, algunas de ellas ya ensayadas en el anterior, vigente entre 1998 y 2000. Seguramente podría ser mejor, como han señalado varias asociaciones de mujeres y algunos grupos políticos que reclaman una ley integral contra la violencia doméstica.Pero constituye un paso adelante en cuanto a financiación y eficacia. También lo es la guía de actuación judicial elaborada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial, con la que se pretende agilizar las denuncias por malos tratos, concentrándolas en un mismo juzgado, y facilitar la adopción de medidas inmediatas de protección de la víctima frente a su agresor. Son iniciativas positivas, pero cuya eficacia depende de su credibilidad entre las potenciales víctimas. Es significativo que la mujer muerta en Barcelona desistiera de denunciar su situación porque 'la policía no iba a hacer nada'.

Más dudas plantea la iniciativa de difundir listas de condenados por maltratos a mujeres, prevista en la Ley de Prevención de Malos Tratos que aprobarán hoy las Cortes de Castilla-La Mancha. Aunque desechada la idea de crear una especie de registro o fichero informático de maltratadores, lo que podría vulnerar el derecho a la intimidad de las propias víctimas, la iniciativa no deja de ser arriesgada: puede dificultar la rehabilitación del delincuente y exponerle a un grado de curiosidad pública que propicie la estigmatización social.