Un juez obliga al Ayuntamiento a dar licencia a un bar que precintó en diciembre

El Juzgado número 6 de lo Contencioso-administrativo ha zanjado la polémica que mantenían la Junta Municipal de Tetuán y los propietarios del bar de copas Irish Rover, en la avenida de Brasil número 7. El juez ha dado la razón a los dueños del establecimiento y declara su 'derecho a obtener licencia de apertura'.

La policía precintó el Irish Rover en diciembre porque el Ayuntamiento le había denegado varias veces la licencia por considerar que el local no reunía las condiciones adecuadas. Los propietarios, tras recibir ahora la sentencia y la orden municipal de levantamiento de precinto, abrirán el bar el próximo fin de semana. Además tienen previsto demandar al Ayuntamiento por daños y perjuicios. Calculan que durante los casi cinco meses que han tenido el local cerrado han perdido más de 80 millones de pesetas.

El origen del conflicto se remonta a 1997. Los propietarios del Irish Rover compraron el local, que por entonces funcionaba con licencia de cafetería, y solicitaron al Ayuntamiento una licencia de obras para modificar parte del interior del edificio y la licencia de apertura para poner en marcha el negocio. El Ayuntamiento concedió la licencia de obras, pero denegó la de apertura. Una de las razones que esgrimieron los técnicos de la Junta Municipal de Tetuán para no hacerlo era que existían 'zonas con altura inferior a 2,50 metros, no permitiéndose esto por el artículo 14 de la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo'.

Cafetería desde los setenta

A pesar de que no contaban con licencia de apertura, los dueños del local abrieron. 'Recurrimos la decisión de la junta municipal y nos amparamos para abrir en que el local ya tenía licencia de cafetería desde los años setenta', explicó ayer Alberto Delgado, uno de los propietarios del establecimiento.

Los dueños recurrieron la orden del Ayuntamiento, pero, ante el silencio administrativo, acudieron a los tribunales. Mientras tanto, los resortes del gobierno municipal siguieron su curso. En diciembre del año pasado, la Policía Municipal precintó el local, sin que los jueces hubiesen determinado quién tenía razón. 'Tuvimos que cerrar. Durante todo este tiempo hemos seguido pagando al personal, más de 30 personas, y hemos tenido que afrontar un montón de pagos (seguros, entre otros). Más de 80 millones de pesetas, sin contar con lo que hemos dejado de ganar durante estos meses', relatan.

El juez dictaminó que la falta de 50 centímetros de altura en el establecimiento no era causa para denegar la licencia de apertura, y falló a favor del establecimiento. La sentencia fue notificada a las partes el 22 de febrero.

'Desde entonces, y debido a causas burocráticas, el Ayuntamiento ha tardado tres meses en enviarnos el levantamiento de precinto. Nos llegó la semana pasada. Por eso no podremos abrir hasta el fin de semana', explica Delgado.