El Supremo admite a trámite el recurso del Gobierno contra la sentencia de los funcionarios

La admisión a trámite del recurso de la Abogacía del Estado implica que el Tribunal Supremo se pronunciará en su día sobre el fondo de la cuestión, si bien Comisiones Obreras, el sindicato que obtuvo la sentencia, presentará una súplica contra la admisión, por más que su viabilidad parece remota. La resolución indica que, según el artículo 86.2 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, si se tratase de un mero asunto de personal al servicio de las Administraciones públicas, no cabría recurso de casación. Sin embargo, el caso 'trasciende de ese ámbito', según el Supremo.

El magistrado ponente del recurso, Francisco Hernando Santiago, ha ordenado que las actuaciones pasen a la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por Enrique Cáncer Lalane e integrada por los magistrados Ramón Trillo, Manuel Goded, Juan José González Rivas, Fernando Martín y Nicolás Antonio Maurandi.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada el pasado 7 de noviembre, contradijo la resolución del ministro de Administraciones Públicas -en ese momento el ahora ministro del Interior, Mariano Rajoy- de 19 de septiembre de 1996 por la que se aplicó una congelación salarial para los empleados públicos con efectos para el año 1997.

De acuerdo con las tesis de la abogada Carmen Perona, el tribunal estableció el derecho de los empleados públicos a que se cumpliese el pacto de septiembre de 1994, firmado por el Gobierno del PSOE con los sindicatos, y con vigencia para 1995, 1996 y 1997. En él se recogía el compromiso de aplicar un alza salarial igual a la inflación prevista (el 2,6% en 1997) que el PP no hizo efectiva al llegar al poder.

El fallo fue favorable a un recurso de la Federación de Enseñanza de CC OO, que calculó en medio billón de pesetas lo que debería pagar el Gobierno, al producir efectos para dos millones de empleados públicos.

A pesar de que el fallo dijo que 'no cabe recurso de casación', el Ministerio de Administraciones Públicas sostuvo desde un primer momento su propósito de recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo, al entender que 'trascendía a una mera cuestión de personal, en cuyo caso no cabría el recurso'. Con esas mismas palabras y siete meses después, el magistrado Hernando Santiago determinó la admisión a trámite en una resolución divulgada ayer, aunque fechada el pasado día 10.

En una nota hecha pública ayer, CC OO reclama al Supremo la rápida resolución de este asunto, al destacar que una demora de sólo dos años incrementaría la deuda con los empleados públicos en más de 200.000 millones de pesetas adicionales a los 500.000 que hubiese representado su ejecución en 2001, siempre que la decisión del alto tribunal confirme la decisión de la Audiencia.

Alarma social

Para esta central sindical, 'el Tribunal Supremo y el Gobierno deben ser sensibles a una realidad que podría adquirir dimensiones de alarma social, ante la eventualidad de un retraso injustificado, por su alto coste público y lo injustificable de hacer recaer sobre los empleados de los servicios públicos una mayor demora en el cobro de los atrasos'.

CC OO respeta la decisión del Supremo pero lamenta su 'laconismo', ya que su extensión es de dos párrafos y, según el sindicato, no contesta a ninguna de las alegaciones que formuló en su escrito de personación en las actuaciones. Además, no comparte que hayan existido 'problemas suscitados en el proceso', como dice el Supremo, y destaca que, por el contrario, todas las partes admitieron pacíficamente los asuntos concernientes al fundamento de la sentencia. También subraya que el propio alto tribunal reconoce que se trata de una materia de personal, lo que dio lugar en su día a la competencia de la Audiencia Nacional.