Los afectados por la 'legionella' de Alcoy acudirán a la vía judicial

La Asociación de Afectados por la Legionella en Alcoy ha puesto en manos de un gabinete jurídico de Barcelona su caso con el fin de iniciar una demanda judicial colectiva para que se depuren responsabilidades por el contagio masivo y los fallecimientos ocurridos entre septiembre de 1999 y enero de 2001.

Según la asociación, el número de enfermos no es inferior a 300 mientras que las autoridades sanitarias sólo reconocen 144 casos. Lo mismo sucede con el número de víctimas mortales, que fuentes oficiales cifran en solo una, un hombre de 77 años, frente a las nueve que contabilizan sindicatos y afectados. Este dato es muy importante para el secretario de la Asociación de Afectados por la Legionella en Alcoy, Luis María Barbero, a fin de que el gabinete jurídico que ha aceptado el caso pueda disponer de la mayor cantidad de información para presentar una demanda colectiva 'contra quien corresponda'.

El origen de los diferentes brotes de legionella, aún por determinar, se asoció a una infección de tipo ambiental vinculada a las torres de refrigeración que utilizan industrias locales para la climatización de su maquinaria. El avance de la enfermedad y la escasez de medios del Ayuntamiento de Alcoy movieron al Gobierno valenciano a poner en marcha un protocolo de actuación para el control y erradicación de la bacteria poco antes de darse por cerrado el último brote.

El silencio por parte de las autoridades y la falta de respuestas satisfactorias animó a los afectados a crear una asociación que ha comenzado a organizarse en busca de respuestas por las víctimas y enfermos a causa del contagio de la bacteria.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, que también abrió una investigación de oficio en noviembre de 2000, no ha adoptado todavía ninguna resolución, es decir, si remite el caso al juzgado por considerar que existen indicios delictivos o, por contra, decreta su archivo. El estado de esta investigación será uno de los temas centrales de la reunión de la Junta de Fiscales de Alicante de esta tarde. El primer inconveniente con el que se encontró la Fiscalía a la hora de practicar las diligencias fue el retraso del Consell, en este caso la Consejería de Sanidad, a la hora de remitir los informes que solicitó el ministerio público.