PANORAMA

Una reforma que apunta alto

La reforma de la justicia anunciada por el Gobierno del PP al inicio de la actual legislatura -hace ya más de un año- se diferencia de otras en el pasado en varios aspectos. Tiene la pretensión de articularse en un pacto de Estado que implique al conjunto de fuerzas políticas; goza de una cobertura presupuestaria cifrada en 250.000 millones de pesetas, lo que en principio la hace creíble, y es mucho más ambiciosa, al menos sobre el papel, que cualquiera de las precedentes.

Parte, sin embargo, de una situación de deterioro de la justicia que se ha ido agravando en los últimos años. Desde la llegada del PP al poder, la velocidad de crucero alcanzada por los Gobiernos del PSOE en los años ochenta, con incrementos presupuestarios anuales próximos al 20%, se ha ralentizado. La asignación a la justicia apenas se mantiene en un escuálido 0,8% del presupuesto estatal, mientras que en Francia, por no hablar de la media europea, con una población en un 50% superior a la española llega a más del doble -el 1,65%.

El pariente pobre

La justicia ha acentuado su viejo papel de pariente pobre de los presupuestos del Estado, mientras que su demanda por parte de los españoles aumenta año a año -seis millones de asuntos en 2000-. Los 150.000 millones de pesetas del Ministerio de Justicia y los 50.000 de las autonomías con competencias judiciales transferidas apenas bastan para pagar la nómina de los 3.500 jueces y 30.000 funcionarios de la Administración de Justicia. Se comprende que en los últimos años hayan escaseado las inversiones en edificios y en mejoras de la oficina judicial y que el número de asuntos pendientes -el atasco judicial- no disminuya.

A esta situación de fondo debe responder la reforma presentada el 14 de febrero en el Congreso por el ministro de Justicia, Ángel Acebes, y que negocia desde entonces con los partidos políticos, especialmente el PSOE. Se trata de una reforma que no deja ningún aspecto de la justicia por tocar: desde una planta y una demarcación judiciales acordes con las necesidades actuales de población hasta unos procedimientos modernos, pasando por oficinas informatizadas, servicios de atención al ciudadano, niveles retributivos adecuados a la función, formación de los jueces y un largo etcétera. Ninguna fuerza política podría estar en desacuerdo con esos objetivos y ninguna se ha mostrado en contra. Pero su credibilidad descansa en un compromiso presupuestario permanente y no sólo coyuntural.

En todo caso, hay aspectos que huelen a un judicialismo rancio como el intento de suprimir el jurado, pese a su buena aceptación social, y de restringir el acceso a la judicatura por el tercer y cuarto turno -juristas con experiencia y de prestigio-, con el riesgo de acentuar la desertización judicicial denunciada por el presidente del Consejo del Poder Judicial, Javier Delgado, por no hablar del empeño en entregar a los jueces el gobierno de este órgano constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 12 de mayo de 2001.