El plan del Gobierno contra el maltrato refuerza las medidas sin subir el presupuesto
Oposición y asociaciones de mujeres exigen una 'ley integral' contra la violencia doméstica
La violencia doméstica se ha convertido en una constante trágica de la sociedad española, y no muestra trazas de descender. Trabajo y Asuntos Sociales señaló que en el anterior plan (1998- 2000), con un gasto de 8.004 millones de pesetas, se ha prestado atención a 141.586 mujeres en 918 centros para maltratadas. Pero las mujeres muertas por sus parejas pasaron en ese periodo de 35 a 44. Las denuncias también aumentaron de 19.000 a 22.000.
El nuevo plan destina 13.072 millones de pesetas para los próximos cuatro años, lo que supone un incremento anual respecto al plan anterior que apenas cubre la inflación.
Juan Carlos Aparicio explicó ayer que el plan consta de 58 medidas, de las que 20 se refieren a prevención y sensibilización, 17 a la asistencia e intervención social, ocho a la investigación y otras son legislativas y judiciales. En la ejecución del plan participan, con Trabajo y Asuntos Sociales, los ministerios de Interior, Sanidad y Consumo, Justicia y Educación, y Cultura y Deporte.
Entre las medidas incluidas en el plan, destaca que los juzgados de guardia puedan adoptar 'medidas provisionalísimas' para 'la separación de hecho del agresor' si está en trámite la separación o el divorcio. Además, se propondrá la inhabilitación del agresor para ejercer la patria potestad; su inmediato abandono del hogar; que la imposición de multas sea sustituida por trabajo para la comunidad; y la retirada del permiso de armas.
El Gobierno no prevé crear juzgados especiales para el maltrato, pero propondrá al Consejo General del Poder Judicial que las causas vayan a un solo juzgado de instrucción. Los casos y sentencias serán objeto de un seguimiento especial y se finalizará la informatización de los registros de violencia doméstica en las fiscalías.
En el terreno policial, se promoverán los dispositivos electrónicos que permitirán la localización y auxilio de las víctimas; en beneficio de éstas se incrementarán los pisos tutelados y los centros de emergencia.
La directora del Instituto de la Mujer, Pilar Dávila, destacó que el objetivo es que las víctimas sean protegidas y los agresores 'tengan el castigo que se merecen', aunque matizó que 'desgraciadamente' no se acabará con 'esta lacra social'.
Las asociaciones de mujeres se mostraron críticas con el nuevo plan. La Asociación de Mujeres Juristas Themis pidió que la rehabilitación de los agresores no sea alternativa a la prisión, para que ese tipo de delincuente no se vea 'privilegiado' respecto a los demás. 'Hay que aplicarles las medidas previstas en la Ley General Penitenciaria, y no medidas específicas', señaló esta organización.
'Un parche'
Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, calificó el plan de 'parche para el desaguisado', y añadió: 'Me parece una auténtica vergüenza que no hagan una ley integral que coordine todas las medidas. Es algo que existe en 44 países'.
Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, definió el plan como 'más de lo mismo' y pronosticó que 'seguirá la misma suerte que el anterior, no detendrá la violencia, que seguirá en aumento'.
La presidenta del Institut Català de la Dona, de la Generalitat, Margarida Álvarez, se sumó a las críticas y afirmó que el plan 'tiene un déficit', y es haber 'sido elaborado sin la participación de instituciones civiles, como asociaciones de mujeres o colegios de profesionales'.
El PSOE, por medio de su secretaria de Igualdad, Micaela Navarro, exigió al Gobierno una ley contra el maltrato. 'Es un problema de Estado y por eso todos los grupos parlamentarios deberíamos haber participado en la elaboración'. Navarro explicó que el Gobierno no le había remitido el plan 'ni como responsable del PSOE ni como miembro de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer'. Marisa Castro, representante de IU en esa comisión, pronosticó que el plan 'está condenado al fracaso', porque 'se ha hecho a espaldas de las mujeres y de la oposición. El Gobierno ha ignorado y despreciado al movimiento feminista: no es el plan de las mujeres'.
