La batalla jurídica entre jueces y fiscales mantiene atascadas 1.300 causas de menores

'Con frecuencia', señalan los jueces, 'los menores detenidos por la policía y puestos a su vez a disposición de la fiscalía se someten a un largo y tortuoso periplo. Y si la detención se produce durante un fin de semana, implica además que el menor se pase 72 horas dando vueltas de la policía a la fiscalía, de la fiscalía al juzgado y de éste a un centro de internamiento, para volver de nuevo a los juzgados y desde aquí, si se acuerda su internamiento, de nuevo al centro'.

'Uno de los motivos que están originado esta anómala situación', explican los jueces, 'es que los equipos técnicos, que dependen funcionalmente de la fiscalía, no están realizando funciones de guardia fuera de las horas de trabajo'. Sin la asistencia de estos técnicos no se puede efectuar, aseguran los jueces, la llamada comparecencia, tras la cual se acuerda el destino del menor, si es internado o queda en libertad. Así, basta que el menor sea llevado ante el juez fuera de la jornada laboral de los técnicos para que haya que suspender la comparecencia. 'Eso origina que haya que esperar al día siguiente, o uno o dos días si la puesta a disposición del menor ante el juez se produce durante el fin de semana'. Por este motivo, los jueces tienen claro que no van a marear a los menores y que los que acudan a ellos detenidos sin haber sido vistos antes por los psicólogos quedarán de inmediato en libertad.

No obstante, dejan en manos de la fiscalía, facultada para ello, la posibilidad de que ingresen provisionalmente a los menores en un centro mientras 'se practican las diligencias necesarias [asistencia de los técnicos]' que permitan al juez acordar 'una medida de seguridad'. 'Los equipos técnicos de menores no pueden trabajar al margen de su horario laboral, porque eso no está regularizado en su convenio colectivo', según fuentes cercanas a la fiscalía. 'No obstante, y con carácter voluntario, algunos equipos [hay 12] se han quedado a trabajar hasta las diez de la noche para solventar casos concretos de delitos graves. Esperan que ese exceso de horas se les remunere, pero no deja de ser una mera petición', agregan. Estos técnicos también asisten, pese a que no cobran nada por ello, a los menores del País Vasco que son detenidos en relación con la llamada lucha callejera.

La decisión de liberar a los menores que carezcan de un informe psicológico previo, así como sus quejas sobre la falta de medios e infraestructuras que dicen padecer para afrontar su trabajo, han sido elevadas por el juez decano 'al Consejo del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía de Menores y a los equipos técnicos'. Los jueces reclaman que se establecezca un servicio de guardia en los equipos técnicos. No hacerlo así significa una 'discriminación' del menor detenido frente al adulto. Raro es el fin de semana que no son detenidos al menos tres menores.

Maraña legal

El otro problema que azota a esta jurisdicción es el siguiente: en las estanterías de los cuatro juzgados de ejecutorias de Madrid hay en la actualidad unos 1.300 expedientes sobre menores pendientes de cumplir sus penas y cuyos expendientes aún no han sido adaptados a la nueva normativa, pese a que el plazo máximo para hacerlo expiró hace dos meses.

No están regularizados porque existe una batalla jurídica entre jueces y fiscales, pendiente de ser resuelta en la Audiencia de Madrid, acerca de quién de ellos debe efectuar ese trabajo. Cuando el pasado 13 de enero pasado entró en vigor la nueva Ley Penal del Menor, los jueces de Madrid que se dedican en exclusiva a ejecutar las penas que dictan sus colegas de lo penal (menos de cinco años) decidieron inhibirse de tramitar los asuntos en los que había implicados menores y remitirlos a la fiscalía. Los jueces entendían que, desde el momento de vigencia de la ley, cualquier asunto sin concluir relacionado con menores debía ser remitido a los fiscales, ya que desde ese momento éstos se convertían en instructores de tales causas. Los fiscales no lo entendieron así y presentaron recursos contra todas las decisiones de los jueces inhibiéndose de acometer tales asuntos. Los jueces insistieron en que debían inhibirse, y además indicaron que no cabía recurrir su decisión ante la Audiencia. Los fiscales, no obstante, presentaron una queja ante la Audiencia reclamando el derecho al recurso. Este tribunal ha fallado que sí es posible recurrir. En cambio, aún no se ha pronunciado sobre si deben ser los jueces o los fiscales los que regularicen las 1.300 causas aún empantanadas.