Rama ilegalizada

Un auto del juez Garzón acordó ayer la ilegalización de Haika, rama juvenil del llamado entorno de ETA. Fruto de la fusión, hace un año, de Jarrai y su organización homóloga en el País Vasco francés, nunca había sido legal: era una organización alegal, como lo fue siempre su antecesora Jarrai, integrada en KAS, la coordinadora en la que participaba ETA y encuadraba a diversas organizaciones sectoriales; la propia KAS era una estructura alegal, al igual que su sucesora, Ekin, también ilegalizada recientemente por Garzón.

Por orden suya, el pasado 6 de marzo fueron detenidos varios dirigentes de Haika y registrados diversos locales, en los que, según declaró entonces el director general de la Policía, se incautó 'documentación como para llenar un camión'. Un efecto inmediato del análisis de esa documentación fue la localización de una cita entre miembros de Haika y dos activistas de ETA, que fueron detenidos al acudir a la misma; un efecto diferido es la ilegalización de la organización juvenil como resultado de las pruebas que Garzón cree haber encontrado en los papeles requisados. El juez considera que Haika es 'un apéndice integrado en la estructura terrorista de ETA', a la que 'sirve de cantera'.

Prosigue así la línea de investigación iniciada hace tres o cuatro años por Garzón y según la cual ETA no está integrada únicamente por los comandos, sino que son éstos los que forman parte de una estructura más amplia y que cuenta con una parte sumergida y una parte visible. La alegalidad en que se ha movido tradicionalmente la parte visible ha permitido a esos sectores actuar con relativa impunidad durante años. La especialidad de Jarrai/Haika ha sido amenazar mediante carteles y pintadas y atacar mediante acciones de acoso y violencia callejera a profesores, políticos, escritores, periodistas y otras personas, algunas de las cuales, como José Luis López de Lacalle, serían posteriormente asesinadas por ETA.

Muchas personas se espantan ante la extensión de la cultura de la violencia entre los jóvenes abertzales, pero se oponen a cualquier intento de poner fin, con la ley en la mano, a la atmósfera de impunidad y legitimación condescendiente en que ha germinado. El nacionalismo ha tendido a minimizar el efecto de esa violencia juvenil y a desautorizar (garzonadas) las iniciativas del juez, a las que atribuye una motivación política. Esa sospecha fue reiterada ayer por Egibar, que atribuyó a Garzón la voluntad de ponerse al servicio de Mayor Oreja al tomar esta decisión en víspera de las elecciones. Si hubiera esperado al lunes, es seguro que le habrían acusado de retrasar la decisión para no perjudicar al partido del Gobierno. Lo cierto es que nada resulta tan políticamente oportuno como dejar actuar sin trabas a los jueces.