San Fernando debe reducir parte de sus 64.200 millones en inversiones inmobiliarias

El Banco de España ha forzado a la Caja San Fernando a reducir su grupo inmobiliario ante los riesgos crecientes que estaba tomando la entidad en este sector. El presidente de la entidad, Juan Manuel López Benjumea, se comprometió por carta el 30 de marzo a disminuir este tipo de inversiones, que el banco emisor considera en muchos casos 'especulativas'.

El Banco también critica a la entidad su excesiva morosidad, ocho veces mayor que su grupo de referencia con las administraciones locales y el doble que la media en el caso de las personas físicas. El informe también subraya 'el deficiente funcionamiento de los servicios jurídicos en general y de recuperación de impagados en particular' y que los gastos generales y de personal son muy superiores a la media del sector.

- Operaciones inmobiliarias especulativas. En su último informe sobre esta Caja, de 5 de abril de 2001, el Banco de España reiteraba 'que se está produciendo una situación de concentración de riesgos en el sector inmobiliario que en circunstancias adversas podría afectar negativamente a esta entidad'. Es la cuarta advertencia que el Banco hace en los últimos dos años a esta caja sevillana sobre las operaciones 'de marcado carácter especulativo' (3 de junio de 1999) 'por la adquisición de terrenos que no cuentan con la consideración de urbanizables' (19 de enero de 1999). El 20 de abril de 1999 le recordaba que 'al no ser la actividad inmobiliaria una función propia de la caja, ha de restringirse a unas cuantías que no perturben su estabilidad'.

En su informe de hace un mes, firmado por su director general Pedro Plablo Villasante, el Banco de España recalca que 'al menos desde 1998, la entidad viene realizando una actividad de promoción inmobiliaria a través de una serie de sociedades, ascendiendo el conjunto de inversiones a 30 de septiembre pasado a 64.200 millones de pesetas, equivalente al 122% de sus recursos propios'. En esa fecha San Fernando tenía otras operaciones pendientes de aprobación por valor de 16.000 millones. En el informe se señala que 'los riesgos en este sector 'han seguido creciendo' a pesar de los requerimientos de la última inspección y de los procedimientos y límites internos establecidos por el consejo de administración de la Caja.

Del total de inversiones inmobiliarias de la entidad un 52% está invertido en suelo y otro 35% en promociones. El presidente de la entidad se comprometió el 30 de marzo a hacer, antes del final de 2003 'una propuesta de reducción de las estas inversiones de manera que no sobrepasen la menor cifra de entre el 50% de los recursos propios consolidados o el importe global ya alcanzado'.

- Alta morosidad. El Banco agrupa los morosos en dos grupos: las administraciones locales y los clientes particulares. En el primer caso 'presentan un ratio del 3,9% frente al 0,4% del grupo de referencia', lo que significa que esta caja tiene ocho veces más impagados de las administraciones locales que otras entidades similares. En este informe no se menciona, pero el 19 de enero de 1999 el Banco de España destacaba 'por su importante cuantía, el conjunto de riesgos con el Ayuntamiento de Jerez y sociedades dependientes que, con un importe de 12.246 millones, supone el 46% del total' de pasivos dudosos. En cuanto a las personas físicas, el informe señala una morosidad del '1,6% que duplica el porcentaje medio de entidades homogéneas'. Uno de los motivos 'es la existencia de un alto número de operaciones impagadas de bajo importe'.

- Servicios jurídicos deficientes. El informe descalifica 'el deficiente funcionamiento de los servicios jurídicos en general y de recuperación de impagados en particular en los últimos años. Resalta que la Caja está sacando esta actividad al exterior, pero 'aún subsisten insuficiencias como períodos demasiado largos desde que se produce un impago hasta la interposición de la demanda y la carencia de una estructura organizativa y el soporte informático adecuado que permitan controlar la celeridad de los distintos despachos externos y la calidad del servicio'.

- Falta de control. El informe destaca que en inmuebles procedentes de adjudicación de activos, 'cuya inversión conjunta ascendía a 2.969 millones de pesetas, en 117 casos, 37% del total, no se disponía de informe de tasación válido, y en 76 de estos inmuebles, un 24% del total, ni siquiera se había tomado posesión del bien'.

- Gastos elevados. Para el banco emisor los gastos de personal de San Fernando 'siguen siendo muy elevados, un 2% de los activos totales medios y superan ampliamente a los de cualquier grupo comparativo, como el 1,3% de media de las cajas grandes o el 1,6% en el conjunto de las andaluzas'. Crítica similar en el caso de los gastos generales: 'Con un 1,3% sobre los activos totales medios, son también muy superiores al 0,8% de la media', si bien el informe lo justifica por los cuantiosos gastos que está suponiendo la renovación tecnológica. Otro gasto que destaca 'es la publicidad, que equivale a un 12%'.