Oliva cifra en más de 100 millones la pérdida por multas no cobradas

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Francisco Oliva, acusó ayer al equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre (PP) de vulnerar los principios de igualdad ante la ley y de equidad en el trato a los malagueños tras conocer que el consistorio sólo tramitó el año pasado el cobro de 112 multas de las 210. 228 que pusieron los vigilantes de las zonas de aparcamientos regulados de la ciudad. Los socialistas estiman que el Ayuntamiento dejó de ingresar por ello unos 105 millones de pesetas, teniendo en cuenta que la media de las sanciones es de 5.000 pesetas.

Oliva tachó el asunto de 'escándalo' y explicó que en este caso la situación de desigualdad ante la ley se produce porque es la propia Administración pública, el Ayuntamiento, la que no garantiza la igualdad. Para el portavoz socialista, si el Ayuntamiento no quiere cobrar lar multas, debería quitar la zona azul, con lo que se ahorraría además otros 100 millones de pesetas anuales de los salarios de los vigilantes, a los que asegura que el Ayuntamiento ha dañado su dignidad.

El PSOE ha pedido explicaciones al alcalde y al concejal de Economía, Francisco Aguilar, y está convencido de que las multas no se tramitaron porque hubo una orden de éste. El concejal de Tráfico, Antonio Cordero, ha reconocido que todas las denuncias se remitieron a la empresa municipal de recaudación, Gestrisam, que depende del área de Aguilar para que fueran cobradas. Sólo 112 infractores abonaron las sanciones porque se personaron voluntariamente en las oficinas de Gestrisam para pagar. Los 210.116 restantes ni siquiera fueron avisados. Un año antes, en el ejercicio de 1999, la gestión tributaria municipal tramitó 9.464 multas por uso indebido de los aparcamientos en zona azul.

Denuncia judicial

Los socialistas han instado por escrito al interventor municipal, Carlos Claros, a que intervenga en el esclarecimiento de este asunto, toda vez que este funcionario tiene atribuidas entre sus funciones de fiscalización las de 'todos los actos de gestión tributaria'. Oliva recordó ayer que la ley obliga a los funcionarios a ser diligentes y que si las multas no se tramitaron por negligencia o dejación podrían derivarse responsabilidades jurídicas e incluso la obligación de reponer los daños. Los socialistas no descartan por ello acudir a la vía judicial.

En el pleno municipal celebrado el pasado 30 de marzo, el concejal de Economía esgrimió razones de rentabilidad y aseguró que la gestión de las multas es muy gravosa. Según Oliva, lo que hay que hacer en ese caso es replantearse la permanencia de las tasas de aparcamientos, 'pero nunca la protección del infractor, en detrimento de quienes religiosamente cumplen sus obligaciones fiscales'. Para el portavoz socialista, el Ayuntamiento ha atentado gravemente contra la igualdad y la dignidad de los ciudadanos.