Aprobado el acuerdo que regula la inmigración de ecuatorianos a España

El Consejo de Ministros autorizó ayer la firma de un acuerdo con Ecuador relativo a la regulación de los flujos migratorios entre España y este país. El acuerdo regula en sus 22 artículos aspectos como la consideración de trabajador emigrante o las autoridades competentes. También incluye el catálogo de derechos y condición social de estos trabajadores.

El acuerdo recoge la creación de una comisión hispano-ecuatoriana que se encargará de seleccionar a los trabajadores ecuatorianos entre los que soliciten cubrir un empleo en España. Estas ofertas de trabajo serán ofrecidas por las autoridades españolas, especificando el número y las características de las necesidades de mano de obra. A los seleccionados se les tramitarán los visados con carácter de urgencia.

En cuanto al retorno voluntario, el acuerdo señala el compromiso de ambos Gobiernos para poner en marcha programas de ayuda tanto para personas que residan legalmente en España como para las que lo hagan ilegalmente. Se promocionará el establecimiento de pymes para los que tengan papeles y para los irregulares se fija la financiación del programa de retorno para que regularicen su situación allí y vuelvan con los papeles en regla.

El Consejo de Ministros acordó también recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley del Gobierno de Aragón que modifica otra de 1992 sobre Ordenación del Territorio de la comunidad, al añadir una disposición adicional que establece que, para la aprobación o modificación de los proyectos promovidos por el Estado con incidencia territorial en Aragón, debe haber previamente un informe del Consejo de Ordenación Territorial de la comunidad, que determinará su coherencia con la política autonómica. Entre estos proyectos se incluyen expresamente el Plan Hidrológico Nacional y los planes hidrológicos de cuenca.

El recurso defiende que el Gobierno central es el único competente para fijar todo lo relativo al régimen de uso y aprovechamiento de las cuencas hidrográficas de ámbito supracomunitario, como es la del Ebro.

El Consejo de Ministros concedió a título póstumo la Gran Cruz de la Orden de Reconocimiento Civil a 10 víctimas del terrorismo; entre ellas, el niño de dos años Fabio Moreno Asla, fallecido en 1991 por una bomba colocada en el coche de su padre, el guardia civil Antonio Moreno.