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Radios y televisiones de EE UU emiten por primera vez sonidos grabados de 23 ejecuciones

'Ya está en marcha. Su cuerpo se ha agarrotado y he escuchado un pof. Todo ha ido bien'

La última ejecución pública en EE UU tuvo lugar en 1936, en Owensboro (Kentucky), donde 20.000 personas asistieron al ahorcamiento de Rainey Bethea, un negro de 22 años. Ahora el Gobierno federal, las Fuerzas Armadas y 38 de los 50 Estados aplican la pena capital, pero en el secreto de las cámaras de la muerte. Sólo un reducido grupo de funcionarios, periodistas y familiares de las víctimas son autorizados a contemplar la agonía y muerte de los condenados.

El caso McVeigh ha roto ese tabú. Como 250 supervivientes y familiares de las víctimas del atentado de Oklahoma expresaron su deseo de ver morir al ultraderechista, el fiscal general, John Ashcroft, ha autorizado la difusión por circuito cerrado de televisión de lo que ya se llama 'el Super Bowl de las ejecuciones'. No contentos, miles de particulares se desplazarán a la prisión de Indiana donde, el próximo día 16, McVeigh recibirá el cóctel letal, y una empresa de Internet pleitea para conseguir retransmitir la muerte a través de la Red. McVeigh es el autor del atentado que en 1995 destruyó un edificio federal de Oklahoma y mató a 168 personas.

Seis de cada diez estadounidenses apoyan la pena capital por estrictas razones de venganza y comprenden que las víctimas de los delitos quieran ver morir a los criminales, según una encuesta de The Washington Post y ABC News difundida ayer. Otra cosa, sin embargo, es que las ejecuciones lleguen a las radios y los televisores. Y eso es lo que hizo el miércoles la emisora pública neoyorquina WNYC, seguida ayer por decenas de otras en el país y por la cadena televisiva ABC. Esos medios difundieron la siguiente advertencia: 'Lo que van a escuchar a continuación es la grabación de ejecuciones realizadas en Georgia; recomendamos que todos los menores y aquellos adultos que puedan resultar perturbados por el realismo de esta grabación dejen de sintonizarnos durante la próxima media hora'.

Resulta que, entre 1983 y 1998, el Estado de Georgia grabó 23 ejecuciones. En todos los casos, la voz de un funcionario describe de modo desapasionado lo que está ocurriendo en la sala donde reina la silla eléctrica. En el de Stanley, el funcionario dice después de que el condenado haya sido atado y haya rechazado efectuar una última declaración: 'Sigue muy pasivo, sin ofrecer resistencia, mirando directamente a los testigos'. Luego hay una cuenta atrás y este comentario: 'La ejecución está en marcha. Su cuerpo se ha agarrotado y he escuchado un pof, como si se hubiera roto una correa'. Al cabo de cinco minutos, un médico busca signos de vida en Stanley, sin encontrarlos. 'Todo ha ido bien', dice el relator, a lo que siguen unas risas de sus compañeros.

La ejecución de Stephens es aún más horrorosa. El relator describe con frialdad clínica cómo el cuerpo del condenado sufre una sacudida al recibir la descarga eléctrica. Los médicos certifican luego que Stephens sigue respirando, por lo que se le aplica otra. Todo dura 13 minutos.

En 1998, el abogado Mike Mears, en el marco de una demanda contra el uso de la silla eléctrica en Georgia, reclamó y consiguió el público acceso a las grabaciones de audio efectuadas por las autoridades penitenciarias de ese Estado. El siguiente paso lo dio la emisora WNYC al difundirlas, con el aplauso de las organizaciones contrarias a la pena capital. Es la primera vez que los norteamericanos tienen acceso a lo que ocurre en una cámara de ejecuciones. Desde que la pena capital fue restaurada en EE UU en 1976, 711 personas han sido ejecutadas. De ellas, 546 por inyección letal, 149 por electrocución, 11 en la cámara de gas, 3 en la horca y 2 por fusilamiento.

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'Quizá no sea mala cosa que los estadounidenses puedan contemplar el horror de las ejecuciones', declaró ayer un portavoz del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización abolicionista. En cualquier caso, el apoyo norteamericano a este castigo parece erosionarse. Según la encuesta de The Washington Post y ABC News, el 63% lo defiende ahora, frente al 77% de hace cinco años.

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